La fiscal Analía Rodríguez del Alto Paraná, presentó imputación contra un hombre de 56 años por los delitos de coacción grave y violación de la patria potestad, tras protagonizar un preocupante episodio en el que amenazó con arrojar a un cauce hídrico a los tres hijos menores de su pareja. Actualmente, el imputado se encuentra bajo custodia policial, mientras el caso avanza en el ámbito judicial.
Según el relato de los hechos, el pasado 19 de noviembre de 2024, alrededor de las 20:00 horas, el hombre llegó en motocicleta a la vivienda de su pareja, ubicada en el km 9 Acaray, fracción Cielo Azul, a unos 6.000 metros de la ruta PY02, en Ciudad del Este. Al no encontrar a la mujer, decidió llevarse a los niños, de 2, 4 y 6 años. Momentos antes, había mantenido una comunicación telefónica con la madre de los menores, durante la cual insistió en que ella regresara al hogar. Ante la negativa de la mujer, quien argumentó que no había cobrado su salario, el hombre respondió con una alarmante amenaza en guaraní: “aguérata la mitâ kuéra ha ajepoíta ype hendive kuéra” (voy a llevar a los niños y me tiraré al río con ellos).
La llamada terminó abruptamente, dejando a la mujer en estado de pánico. Inmediatamente, intentó contactarlo nuevamente, pero fue atendida por un tercero, quien informó que solo había prestado su celular al imputado. Poco después, la mujer recibió un mensaje de un familiar, quien confirmó que el hombre había reiterado su intención de atentar contra su vida y la de los menores mientras los trasladaba en motocicleta.
Son graves delitos según el Ministerio Público
Durante varias horas, la situación generó una intensa búsqueda, con temor a que cumpliera su amenaza. Sin embargo, la rápida acción policial permitió localizarlo al día siguiente en la vía pública del km 10 Monday. Los agentes del Puesto Policial n.º 5 lograron detenerlo sin incidentes y rescatar a los niños, quienes fueron hallados en buen estado de salud.
Posteriormente, los menores fueron sometidos a una revisión médica forense y recibieron asistencia psicológica en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. La intervención buscó garantizar no solo su bienestar físico, sino también brindar apoyo emocional tras el traumático evento.
La fiscal Analía Rodríguez, encargada del caso, destacó la gravedad de los actos del imputado, calificándolos como un atentado contra la integridad de los menores y una violación a la responsabilidad parental. Por ello, solicitó al Juzgado de Garantías que convierta la detención del hombre en prisión preventiva, argumentando la necesidad de proteger a los niños y evitar nuevos episodios de violencia.
Este hecho pone nuevamente en el centro de atención la necesidad de reforzar las medidas de protección a la niñez y de abordar los conflictos familiares con mecanismos que prioricen la seguridad y el bienestar de los más vulnerables. La intervención de las autoridades evitó un desenlace trágico, pero el proceso judicial apenas comienza, con miras a garantizar justicia para los menores y su madre.
