La Cámara de Senadores dio un paso importante al aprobar el proyecto de ley que endurece las penas para los abusadores de menores, incrementando hasta 30 años la condena máxima en los casos más graves. Este proyecto, que ahora depende de la promulgación del Poder Ejecutivo, representa una respuesta contundente a la alarmante realidad de abuso infantil en el país. Es una norma necesaria, pero no suficiente.
Las cifras son escalofriantes: más de 6.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de diversos delitos en tan solo los primeros meses de este año, según datos del Ministerio Público. De estos, el 75% son niñas, y el 85% de los agresores son familiares cercanos.
Aunque el aumento de las penas es una medida que refuerza el mensaje de que el abuso infantil es inaceptable, los legisladores han reconocido, con razón, que el problema no se resolverá únicamente desde el sistema penal. Como señaló el senador Ever Villalba, la clave está en la prevención y la educación.
Es aquí donde todos los sectores de la sociedad deben unirse. Las familias, los medios de comunicación, las instituciones educativas y las organizaciones civiles tienen el deber de trabajar en campañas educativas sostenidas. Estas deben empoderar a los niños con herramientas para identificar y denunciar conductas inapropiadas, y a las familias con recursos para protegerlos de potenciales depredadores.
Asimismo, el rol del Estado es fundamental para articular políticas integrales. La inclusión de educación sexual adecuada en la malla curricular, como propuso una senadora durante el debate, es un ejemplo de cómo se puede prevenir desde la infancia. El Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y otras instituciones deben coordinarse para garantizar que la protección no sea solo un discurso, sino una realidad palpable.
Paraguay necesita que sus niños crezcan sanos, protegidos y con las garantías de un desarrollo integral. No podemos permitir que miles de casos permanezcan en silencio. El aumento de penas debe complementarse con medidas preventivas, atención a las víctimas y, sobre todo, con una sociedad que priorice el bienestar de sus menores.
