Una vez más, enfrentamos el lamentable fallecimiento de una persona en manos de la negligencia y la irresponsabilidad en el ámbito de la estética en Paraguay. En efecto, una mujer, de 66 años, perdió la vida luego de someterse a una liposucción de papada en un consultorio odontológico, que, según las autoridades, no estaba ni habilitado ni preparado para realizar este tipo de intervenciones. Este trágico caso, que incluye la suspensión de la clínica y la apertura de una investigación, evidencia un patrón alarmante en el sector: la práctica ilegal de procedimientos estéticos por parte de profesionales sin la debida habilitación.
El Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia, ha clausurado temporalmente esta clínica en Fernando de la Mora. Sin embargo, no es la primera vez que se registra este tipo de casos en nuestro país. En los últimos años, hemos sido testigo de una serie de denuncias de malos procedimientos estéticos realizados por personas sin la capacitación ni las licencias requeridas. La gravedad de esta situación radica en el peligro real que estas prácticas representan para la salud y la vida de los pacientes, quienes, atraídos por precios accesibles y publicidad engañosa, depositan su confianza en manos inexpertas o poco éticas.
La responsabilidad de esta crisis es compartida. Por un lado, el Estado debe redoblar esfuerzos en la fiscalización y control de las clínicas estéticas, de modo que se verifiquen las condiciones de infraestructura, los equipos utilizados y la capacitación de los profesionales. Estas inspecciones deben ser rigurosas y continuas para evitar que consultorios inadecuados puedan operar en la clandestinidad o fuera de sus atribuciones.
Además, el Ministerio de Salud debe asumir un rol activo en la educación de la ciudadanía. Es fundamental que se desarrollen campañas informativas que orienten a las personas sobre los riesgos de someterse a procedimientos invasivos en lugares no habilitados y las consecuencias que pueden derivar de estos.
Los procedimientos estéticos deben ser realizados en ambientes clínicos adecuados, en quirófanos debidamente equipados, y bajo la supervisión de médicos certificados en cirugía plástica o maxilofacial, según corresponda. Los protocolos existen por una razón: preservar la salud del paciente y minimizar riesgos. Cuando se omiten estos requisitos, la vida humana queda en juego, como tristemente se ha demostrado una vez más.
Por otra parte, los consumidores también tienen un rol en este proceso. Cada individuo debe asumir una responsabilidad informada al momento de elegir someterse a un tratamiento estético. Esto implica verificar que el lugar y el profesional cuenten con las autorizaciones necesarias, y que los procedimientos que ofrezcan estén debidamente regulados y supervisados.
Los organismos de salud deben ir más allá de las sanciones temporales. La legislación debe ser actualizada para que los profesionales y centros que practican de forma irregular sean sancionados de manera ejemplar, tanto a nivel administrativo como penal, cuando corresponda. La vida de compatriotas no puede quedar a merced de la imprudencia de quienes consideran a la salud un negocio más.
