En una entrevista con el procurador General de la República, Marcos Aurelio González, se destacó la importancia de la autonomía funcional y administrativa de la Procuraduría como clave para una defensa técnica e imparcial del Estado, libre de influencias externas. González subrayó que la meritocracia y la preparación profesional son esenciales para garantizar una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. Explicó que la institución ha implementado divisiones de trabajo especializadas, un sistema avanzado de seguimiento de expedientes y un repositorio de precedentes que pronto beneficiará a todas las entidades públicas. Además, el funcionario resaltó la recuperación de más de 300 millones de dólares en un año y el logro de fallos judiciales que generan ingresos adicionales para áreas prioritarias del país. Para González, fortalecer la institucionalidad y la cooperación regional es crucial para enfrentar los desafíos actuales.
¿Podría explicarnos la importancia de la autonomía funcional y administrativa de la Procuraduría? ¿De qué manera esta independencia fortalece la defensa de los intereses del Estado?
Es muy importante que los abogados que representan al Estado en los asuntos judiciales, arbitrales y extrajudiciales tengan capacidad técnica para que la defensa del Estado sea buena. A ese efecto, solo el mérito y las aptitudes garantizan un buen desempeño profesional. Y cuando hay reconocimiento del mérito y la capacidad, el profesional se guía solo con razones, no por caprichos. Este es un factor que, finalmente, hace a la independencia de vaivenes políticos o sectores interesados, porque el profesional responde a los elementos que lo llevaron y mantienen en el cargo (el mérito), porque de lo contrario expone su responsabilidad personal y el dinero público. Aquí cabe recordar que el dinero del Estado es el dinero de los contribuyentes, por lo que, si el Estado pierde un juicio, es el dinero de los contribuyentes el que hay que usar para pagar el costo del juicio.
¿Cómo evalúa la actual estructura organizacional de la Procuraduría para abordar los complejos litigios en los que el Estado es parte? ¿Existe algún plan para optimizar o ampliar estas capacidades?
Se tiene implementado una división del trabajo según las especializaciones de los abogados de la Procuraduría y se cuenta con Asesores y Consultores de jerarquía para definir la estrategia procesal y articular la mejor defensa posible del dinero de los paraguayos. Se tiene implementado un sistema de seguimiento de expedientes, con alertas cuando hay riesgos (como los de vencimiento de plazos) para monitorear el curso de los expedientes y el comportamiento de los abogados.
Está en curso el desarrollo de una herramienta tecnológica más avanzada y compartir con todas las instituciones públicas, de modo que todos los juicios del Estado puedan verse en una sola plataforma. También se ha culminado un repositorio de precedentes administrativos, que en los próximos meses se extenderán a todas las instituciones públicas paraguayas, para nutrirnos entre todos los esfuerzos y compartir información. También se tiene previsto interactuar con las Procuradurías o Abogacías de otros países de la región, para enriquecer la base de datos y defender mejor los intereses nacionales.
En su rol de defensa de los intereses patrimoniales del Estado. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrenta la Procuraduría actualmente?
Los mayores desafíos son: Capacitar al abogado público para que asesore y defienda mejor el interés público. Asesorando bien para la toma de decisiones se pueden prevenir perjuicios económicos al Estado y se puede mejorar la posición jurídica de este si se llegare a plantear una demanda; Monitorear la labor de los abogados del Estado, con plataformas dinámicas que permitan mitigar riesgos y tener alertas de actuaciones, dando seguimiento intensificado a causas emblemáticas; Atraer y retener a los mejores talentos, premiando el mérito para el acceso a la función pública, los ascensos y para distribuir los incentivos durante la carrera; Demostrar una férrea defensa de los intereses públicos para dar la señal clara de que el Estado se defiende de la mejor manera y de que no se va a doblegar ante ningún interés; Articular el trabajo interinstitucional para una mejor coordinación y defensa jurídica. Esto también sirve para el enriquecimiento recíproco de experiencias y buenas prácticas; Liderar en la región con buenas prácticas y proactividad.
Recientemente, se lograron resoluciones favorables que permitirán al Estado cobrar millonarias multas. ¿Qué impacto tienen estos fallos en la gestión del Estado?
El impacto de estos fallo es el ahorro de gastos al presupuesto público, al acrecentamiento de ingresos para costear cuestiones importantes como la salud, la educación, la lucha contra la criminalidad y otros planes.
Durante su gestión, ¿a cuánto asciende el monto de lo ahorrado y recuperado por el Estado gracias a las acciones de la Procuraduría General?
Hasta la fecha, en poco más de un año, hemos logrado ahorrar al dinero público más de 300 millones de dólares.
¿Qué políticas institucionales considera prioritarias para fortalecer la Procuraduría en los próximos años?
Fortalecer la institucionalidad. Que gente de la casa preparada ocupe los cargos directivos. Para ello es clave la capacitación y el premio a la meritocracia. En solo un año de gestión, hemos ascendido a más de 19 personas de la institución, por méritos propios, en concursos objetivos y transparentes. Hasta entonces, el promedio de ascensos era de 2 funcionarios por año. Esto permite crear una memoria institucional robusta y un sentido de pertenencia a la institución. Otra política apunta al uso de la tecnología para prevenir la corrupción, mejorar la gestión y cuidar el medio ambiente.
En cuanto a la asesoría que brindan a otras entidades públicas, ¿Qué tipo de temas son los más frecuentes y cómo asegura la Procuraduría que el asesoramiento sea eficaz y respetado por las instituciones?
Los temas de consultas más recurrentes son: articulación de estrategias para afrontar los casos del día a día, cuando podrían tener repercusión judicial; cuestiones vinculadas con incumplimientos contractuales; y pedidos de dictámenes sobre la legalidad de pagos.
Además de su labor nacional, sabemos que es Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado. ¿Qué aspectos de la experiencia paraguaya cree que podrían aportar a otros países de la región?
Somos ejemplo con la creación de un repositorio de precedentes, la constitución del Consejo de abogados del Estado y el manejo de las redes sociales de la institución. Con éxito se ha liderado el Comité de Derechos Humanos y ahora se asumió la Dirección del Comité de Arbitraje. En ejercicio del cargo, Asunción será sede de dos eventos internacionales de capacitación, donde vendrán los representantes de las demás Procuradurías de Latinoamérica y expositores del más alto nivel. Uno de arbitraje, este 28 y 29 de noviembre, y otro en derechos humanos, el año entrante.
¿Cuál es la importancia de la cooperación regional en temas de defensa patrimonial y derecho público?
El enriquecimiento de las experiencias, el aprendizaje de las mejores prácticas y la coordinación de estrategias de acción en áreas comunes. Un repositorio de precedentes en la región es nuestra aspiración, lo que ofrecerá al abogado público paraguayo más y mejores argumentos para defender al Estado. Ya estamos generando ese repositorio.
Si tuviera que destacar un logro en su gestión, ¿cuál sería y por qué?
Los casos con mayor repercusión en materia jurídica, de este Gobierno, fueron: haber recuperado dinero del mecanismo COVAX, con una defensa férrea del interés nacional; la nulidad parcial del laudo en el caso Metrobús; la recuperación de tierras en el caso Remansito; y el levantamiento de embargos de bienes de empresas públicas.
Entrevista de: Asdrúbal Fretes
