El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó los recientes movimientos de traslado de reos considerados de alta peligrosidad a la Penitenciaría de Minga Guazú, en un esfuerzo coordinado por reducir conflictos internos y sanear las penitenciarías del país. Según Nicora, esta medida forma parte de un nuevo modelo de gestión penitenciaria que la actual administración ha planificado cuidadosamente desde el inicio y que dio su primer gran paso con el operativo Veneratio.
El operativo, desarrollado en la víspera para el traslado de reos peligrosos, involucró a diversas fuerzas de seguridad nacionales, incluyendo a policías y militares, quienes se encargaron de coordinar el traslado de reos de alto perfil desde tres cárceles fronterizas hacia la nueva penitenciaría de Minga Guazú, dijo el secretario de Estado a la 970 AM.
Un traslado de reos desde varias ciudades
Las autoridades clasificaron a estos reclusos, provenientes de los centros de Encarnación, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, como potenciales generadores de conflictos en sus lugares de origen. Por esta razón, se realizó el traslado de reos, como una estrategia para minimizar las tensiones y amenazas dentro de esos centros.
Nicora recordó que el Consejo Nacional de Defensa Nacional (Codena) es la instancia que dirige la planificación de estos operativos a gran escala. Además del Ministerio de Justicia, el Consejo incluye a instituciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Inteligencia, cada una aportando un papel específico en la prevención de incidentes penitenciarios. «La prevención es más económica que resolver conflictos cuando ya estallan,” afirmó el ministro, subrayando la importancia de planificar estos operativos con anticipación, realizando el traslado de reostraslado de reos.
El ministro destacó, asimismo, la importancia de reestructurar el sistema penitenciario nacional y señaló que, en el caso de Tacumbú, cambiarán su función para dejar de ser un centro para condenados y procesados mezclados. En cambio, trasladarán exclusivamente a personas en proceso judicial a esa penitenciaría, mientras que reformarán los pabellones donde se encontraban internos de organizaciones criminales. Por su parte, trasladarán a las personas ya condenadas de perfiles más bajos a otros establecimientos, como la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, que destinarán a promover programas de reinserción social.
Una profunda reestructuración
Como parte de esta reestructuración, Nicora afirmó que rotaron o trasladaron a unos 35 funcionarios penitenciarios a otros centros. También indicó que, tras el operativo Veneratio, se realizaron allanamientos a viviendas de funcionarios sospechosos de colaborar con criminales dentro de las cárceles. Esta medida busca mejorar la calidad de la administración penitenciaria, reducir la corrupción y fomentar una política de honestidad y buena administración entre el personal carcelario.
Nicora también hizo referencia a la necesidad de una legislación específica para el sistema penitenciario, con el objetivo de crear una estructura sólida que permita aplicar políticas eficientes. En ese sentido, el gobierno trabaja en una Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y en una Ley de Régimen Cerrado de Seguridad Máxima, proyectos que se encuentran en etapa de tratamiento en el Congreso. Esta normativa busca dotar de herramientas jurídicas adecuadas al sistema de justicia, de modo que permita gestionar de manera más eficaz los establecimientos penitenciarios y sus reclusos.
Finalmente, el ministro recalcó que esta política penitenciaria representa un cambio de paradigma en el abordaje de la seguridad y la administración penitenciaria en Paraguay. Antes visto como un problema marginal, el sistema penitenciario ahora es reconocido como un tema de seguridad nacional, tratándose con prioridad y en coordinación con otras instituciones para mejorar la seguridad pública y la percepción ciudadana sobre la seguridad.
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