El Congreso envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de control de organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la mañana de este martes. La información fue confirmada por el propio presidente del Poder Legislativo, Basilio Núñez.
La ley fue sancionada el pasado 9 de octubre. Mientras tanto surgió el debate sobre si el presidente, Santiago Peña, debe promulgar o no dicho instrumento normativo.
El propio titular del Poder Ejecutivo anunció que la gente no debe tener miedo al control. Sin embargo, no adelantó si firmará o vetará la ley.
“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, dijo Peña.
“No estoy a favor de la persecución, de la discriminación, de cercenar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, pero entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería aplicar”, añadió.
El pasado 22 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, había informado que el Congreso ya remitió la ley mencionada al Poder Ejecutivo. Al parecer, se apuró Latorre para dar la información, porque recién este martes, el presidente del Congreso anunció que se remitió la ley.
El Congreso envió al Poder: Economía
La nueva Ley establece que las ONGs estarán bajo el control del Ministerio de Economía y Finanzas.
También establece que las entidades u organismos internacionales, agencias especializadas internacionales, entidades multilaterales, partidos y movimientos políticos, así como las iglesias, estarán excluidos del ámbito de esta ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales.
Las Organizaciones No Gubernamentales formarán parte del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas, y del Registro Administrativo de Beneficiarios Finales, ambos bajo el control del Ministerio de Economía y Finanzas, según la ley.
Por otra parte, el mismo cuerpo normativo regula que las disposiciones de esta ley no afectarán las competencias de las instituciones encargadas de la regulación, control y fiscalización sectorial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
La ley también excluir a las ONGs de las sanciones con dinero, pero mantiene las posibles sanciones de cancelación o de cierre de actividades.
