El «caso Duck Sex Games», que involucra al empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, dio un giro inesperado cuando las autoridades detuvieron a Montanaro tras confirmar su implicación en una amenaza dirigida a la fiscal que entiende su caso, Ruth Benítez. Las imágenes de las cámaras de circuito cerrado en la florería, donde se pagaron las flores utilizadas en la amenaza, confirmaron la presencia de Montanaro en el local.
En el establecimiento, se vio al empresario consultar los precios de los arreglos florales antes de retirarse, justo antes de que un conductor de la plataforma Bolt completara el encargo y entregara el ramo, que venía acompañado de un mensaje intimidante dirigido a la fiscal.
El fiscal Federico Delfino, encargado del operativo, ordenó la detención inmediata de Montanaro bajo cargos de coacción, luego de identificarlo en los registros audiovisuales de la florería. El chofer de Bolt, también plenamente identificado, adquirió el ramo y lo entregó con el mensaje amenazante bajo el encargo de Montanaro, aunque aparentemente sin conocer el contenido del mismo. Tras la detención del conductor en Mariano Roque Alonso, él prestará declaración para explicar su relación con el empresario y esclarecer los detalles del encargo.
La detención complica su caso Duck Sex Games
La investigación, encabezada por agentes del Departamento Antisecuestros y el fiscal Delfino, reveló pruebas comprometedoras para Montanaro, entre ellas las imágenes que documentan su presencia en la florería. Según el comisario Mario Vallejos, los datos proporcionados por el chofer y los contenidos de sus teléfonos serán clave para avanzar en la causa.
Montanaro ya estaba imputado por la presunta violación del derecho a la comunicación y la imagen, derivada de la difusión no autorizada de videos sexuales de sus víctimas en el caso «Duck Sex Games.» Inicialmente, el empresario había sido beneficiado con medidas cautelares y arresto domiciliario tras pasar 14 días en prisión preventiva. Sin embargo, la evidencia de su presencia en la florería y el incumplimiento de su arresto domiciliario podrían agravar su situación judicial, exponiéndolo a sanciones más severas.
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