Tribunal condenó al ex juez y al ex director de la cárcel de S. Pedro por favorecer a presos «sambucu»

Un Tribunal condenó a ex juez y al ex director de la cárcel de San Pedro por favorecer a presos sambucu. Son dos narcos que están cumpliendo condena. La causa judicial se conoce como caso Granja VIP.

El Tribunal de Sentencia dictó condena contra el ex juez de ejecución, Néstor Arévalo a tres años de prisión y contra el ex director de la cárcel, Wilfrido Quintana Parodi, a cuatro años de prisión. Hubo otro procesado: Ramón Orella. Sin embargo, éste fue absuelto.

El Tribunal de Sentencia integraron Karina Cáceres, Adriana Planas y Ana Rodríguez. El antecedente del caso señala que dos narcotraficantes vivían en situación de «semilibertad» al lado de la cárcel en una granja. De ahí que el caso se conoce como Granja VIP.

Según el tribunal, los narcos condenados, Víctor Brítez Aranda, alias «Chapalo», y Ángel Tranquilino Giménez, estaban «viviendo» en la granja, y se probó que inclusive los familiares iban a dormir en el lugar. Ambos tienen pena mayor de 20 años de prisión.

Víctor Brítez Aranda, más conocido como «Chapaló fue condenado a 26 años de prisión desde el 2014. Por si fuera poco, en otro caso tiene otra condena de 3 años. Tranquilino Giménez cumple una pena de 21 años de prisión.

El Tribunal declaró culpable al ex juez y al ex director penitenciario de hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal. Al ex juez le condenó por frustración de la ejecución penal y prevaricato y el ex director penitenciario de frustración de la ejecución penal y cohecho pasivo agravado.

Tribunal condenó al ex juez: sambucu

Según el tribunal, los presos abandonaban la granja para ir a pescar y realizar otras actividades, lo que en guaraní se conoce como «preso sambucu». Traducido se refiere a un detenido que tiene «cuerda larga».

El Tribunal halló que el Ministerio de Justicia, que es el órgano encargado de la política de la cárcel, no dio ninguna autorización para que los condenados gocen de tales privilegios.

El Tribunal consideró probada la acusación presentada por la fiscala María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada en Antisecuestro y Crimen Organizado, con relación a los dos condenados en la fecha.