La creación del Registro Unificado Nacional (RUN) representa una reforma esencial para el orden administrativo del Paraguay. El proyecto, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, propone la consolidación de tres instituciones: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, con el objetivo de centralizar y modernizar el registro de propiedades en una única entidad bajo la jurisdicción del Poder Judicial.
En Paraguay, la titulación de tierras ha sido históricamente caótica, con duplicaciones y hasta triplicaciones de títulos que han generado conflictos, fraudes y frustraciones para propietarios e inversionistas. Este problema, con raíces que se remontan a la posguerra de la Triple Alianza, sigue siendo un impedimento para el desarrollo económico y la seguridad jurídica en el país. El caso es alarmante: algunas propiedades figuran con múltiples dueños, y una de las causas es la dispersión y descoordinación entre las instituciones encargadas de la titulación. Este panorama ha sido aprovechado por estafadores, afectando a propietarios y generando inseguridad en las transacciones de tierras.
La propuesta del RUN intenta abordar y poner fin a este caos institucional. Unificando las entidades responsables, se busca reducir tiempos de trámite y concentrar en un solo espacio los procesos necesarios para la titulación, evitando que los ciudadanos tengan que peregrinar entre oficinas para completar lo que debería ser un trámite ágil y transparente. Es una respuesta a las demandas de eficiencia y claridad en la administración pública, que la ciudadanía y los contribuyentes exigen hace décadas.
Los beneficios de este cambio serían tangibles para toda la sociedad. Por un lado, se reducirían los costos administrativos y se aceleraría la radicación de inversiones, ya que una titulación segura y rápida es un incentivo para el desarrollo de proyectos en el país. Por otro, se devolvería al ciudadano la confianza en que el Estado es capaz de proteger sus derechos de propiedad, lo cual es fundamental para la estabilidad económica y social.
Este proyecto de ley representa un avance que podría marcar una nueva etapa en la modernización del Estado y en la eficiencia de la gestión pública.
