El transporte público en Paraguay, especialmente en el área metropolitana, se ha convertido en una fuente constante de frustración y sufrimiento para más de dos millones de personas que dependen de él a diario. Trabajadores, estudiantes y familias enteras enfrentan un sistema que está roto: unidades en condiciones deplorables, conductores maltratadores y, sobre todo, la práctica extorsiva conocida como «regulada». en la que los transportistas reducen la cantidad de buses en circulación para presionar al gobierno en busca de beneficios.
Este modelo de transporte no solo es ineficaz, sino denigrante. La calidad de vida de los usuarios se ve afectada por un servicio que no les ofrece ni comodidad ni seguridad. Muchos trabajadores llegan exhaustos a sus empleos tras un viaje incómodo, perdiendo valiosas horas de descanso que podrían mejorar su productividad y bienestar. El estado de los buses es, en gran parte, lamentable, y la falta de mantenimiento es evidente.
El Gobierno de Santiago Peña ha decidido encarar esta problemática con una reforma estructural que, por primera vez en mucho tiempo, promete un cambio real. El anteproyecto de ley entregado al presidente plantea una transformación desde la raíz del sistema. Entre los puntos más destacables se encuentra la adquisición de una flota de mil buses nuevos que, bajo propiedad del Estado, serían operados por empresas privadas con la responsabilidad de su mantenimiento y control de calidad.
Esta propuesta busca eliminar el antiguo modelo de licitación por itinerarios, que no solo genera caos en el tráfico, sino que también perpetúa las fallas del sistema. Con la creación de un fideicomiso que gestionaría los recursos, se asegura que el pago a las empresas dependa de los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros, dejando atrás la dependencia del cobro directo del pasaje.
Es evidente que este modelo actual ha fracasado. No podemos seguir esperando resultados diferentes si continuamos aplicando los mismos parches que han mantenido el sistema a flote a costa del sufrimiento de los usuarios. Es momento de priorizar a los ciudadanos y terminar con un servicio indigno que no refleja los avances que el país necesita en su infraestructura pública.
