Ayer, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, presentó una propuesta ante la Junta Municipal solicitando subastar seis hectáreas de tierras ubicadas en la Costanera Norte. Estas tierras, recuperadas gracias a las obras viales de la costanera, han transformado lo que antes eran zonas anegadas en espacios de alto valor comercial, con una ubicación estratégica y vistas inmejorables. Como hemos señalado en editoriales anteriores, estas tierras representan una oportunidad única para el desarrollo de la capital, y los asuncenos deben estar atentos a su futuro.
El pedido del intendente Rodríguez abre un debate fundamental sobre el destino de estas tierras. La municipalidad, que tiene bajo su dominio privado estas parcelas, está habilitada para enajenarlas. Es lo que corresponde por ley cuando se trata de bienes de dominio privado. Es más sería muy conveniente, que se les de un buen aprovechamiento a dichas parcelas, antes de que terminen siendo ocupadas ilegalmente, de la mano de políticos inescrupulosos, como ya ha ocurrido en todas las zonas aledañas a la capital. Sin embargo, cualquier proceso de venta debe ser transparente, asegurando que los fondos obtenidos se utilicen realmente para mejorar la ciudad.
La venta de tierras públicas no es un tema menor. Estos terrenos recuperados deben ser gestionados con visión de futuro, y su venta o desarrollo debe ser parte de un plan más amplio que priorice el bienestar de los habitantes de Asunción. La capital, que a pesar de sus casi 500 años aún enfrenta precariedades estructurales, necesita inversiones en infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes. Este proceso debe ser participativo, con una clara rendición de cuentas sobre los recursos obtenidos y su destino.
La propuesta del intendente Rodríguez viene en buen momento para poner sobre la mesa la discusión ¿qué hacer con las tierras recuperadas? y ¿cuál debe ser la política aplicada para un mejor aprovechamiento? Estamos hablando de parcelas de ubicación privilegiada y de alto valor inmobiliario. Los asuncenos deben exigir transparencia y participación en la toma de decisiones sobre estas tierras, que forman parte del patrimonio de la ciudad.
