La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que establece el control de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que ahora está pendiente de su promulgación por el presidente Santiago Peña. En el proceso de estudio de la referida Ley hubo voces a favor y en contra de la iniciativa. En un país donde unas 140 ONGs reciben financiamiento público, es el momento oportuno para revisar de manera crítica su rol y sus responsabilidades.
Las ONGs han jugado un papel vital en el desarrollo social de Paraguay, especialmente en tiempos de necesidad, como durante la dictadura y la transición a la democracia. Han sido vehículos de cambio social y apoyo comunitario en áreas críticas como la salud y la educación. Sin embargo, la falta de un control exhaustivo sobre su funcionamiento y financiamiento ha permitido la creación de entidades cuyo único propósito es eludir controles y desviar fondos públicos.
La legitimidad de las ONGs como representantes de la sociedad civil en espacios de discusión pública debe ser cuestionada cuando muchas de ellas no han sido objeto de una validación o supervisión pública adecuada. ¿Quién las eligió para ocupar esos espacios? ¿Qué intereses representan? Si bien es cierto que muchas trabajan con fondos extranjeros para causas nobles, la creciente injerencia en cuestiones de gobernanza plantea un conflicto de principios. Si son “no gubernamentales”, ¿por qué tienen o buscan influencia en los asuntos del Estado?
Otro aspecto fundamental es la necesidad de rendición de cuentas. Las ONGs que reciben fondos públicos tienen la responsabilidad de transparentar su uso y justificar cada desembolso. Al mismo tiempo, aquellas que reciben fondos del exterior, por una cuestión de soberanía, la ciudadanía debe saber con claridad de dónde provienen los recursos que financian estas organizaciones y con qué fines se utilizan. En 2023, las ONGs con apoyo extranjero administraron unos USD 1.700 millones. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál es el impacto real de estos fondos en la sociedad?
En cuanto a las que reciben financiamiento estatal, el monto asignado supera los G. 51.000 millones. Este dato refuerza la urgencia de un registro detallado que permita evaluar no solo la fuente, sino también el destino de estos recursos. La transparencia no es un ataque a las ONGs; es una oportunidad para que demuestren su compromiso con los principios que dicen defender.
Tal vez también sea un momento oportuno para que algunas organizaciones que se convirtieron en verdaderos emporios de privilegios de familiares y amistades reevaluen su rol en la sociedad y que el objetivo altruista que dicen defender no sea mera excusa para crear un círculo aúlico de privilegiados que se presentan en nombre de la sociedad civil sin tener ninguna representatividad.
Es de esperar que este nuevo marco normativo represente una oportunidad para que Paraguay avance hacia un sistema de mayor transparencia y control. Las ONGs deben ser verdaderos representantes de la sociedad civil, pero con mecanismos de control que aseguren que los fondos que reciben se utilicen de manera eficiente y ética.
