La Fiscalía terminó la investigación sobre hechos de corrupción contra Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y presentó acusación en contra del mismo y de otras 10 personas que serían su cómplice. Además, pidió al juez de la causa que eleve el caso a juicio oral.
En este sentido, la Fiscalía informó que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusaron a los procesados de formar parte de un esquema de corrupción pública que manipulaba licitaciones y adjudicaciones en detrimento de la comuna.
En relación a la causa, Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, fueron acusados por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos en calidad de coautores. Luego, de asociación criminal, en calidad de autor para Miguel Prieto y para Francisco Arrúa, en calidad de coautor.
En el caso de los demás procesados identificados como: Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo, la Fiscalía los acusa por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos tipos penales en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
El relato de los hechos en la acusación fiscal
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Prieto Vallejos, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, supuestamente encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución administrada por su persona, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna.
Presuntamente, este grupo estaba compuesto por varios funcionarios que ocupaban “cargos de confianza” designados por el propio intendente en uso de sus atribuciones conferidas, en puestos claves decisorios y directivos que le permitirían promover, convocar, manipular las adjudicaciones a su antojo y pagar las licitaciones a las empresas de su entorno.
Sigue diciendo la acusación fiscal que estos funcionarios designados por el jefe comunal, que a su vez ocupaban una posición jerárquica dentro de la Municipalidad, poseían facultades de mando, coordinación y cierto poder de autodecisión. Es decir, podían tomar decisiones de dirección y de control sobre todo en lo concerniente al procedimiento administrativo de las licitaciones y compras públicas promovidas por la intendencia municipal. Por ende, tenían la posibilidad de tomar determinaciones que inciden positivamente en favor de una correcta administración de los recursos y aún así no lo hicieron, conforme a lo planificado por los mismos.
Los procesados estuvieron de acuerdo entre sí
Agrega que en tal sentido, existía una relación de interdependencia entre el intendente municipal y estos funcionarios de confianza designados por su persona, por lo que para lograr el cumplimiento de la finalidad común establecida la cuál era la de ocasionar un perjuicio económico a la comuna, necesariamente debían estar de acuerdo entre sí, y eso fue posible determinar gracias a la concatenación de actos de una u otra dependencia ocupada por diferentes funcionarios las cuales denotan abiertamente que se encontraban dirigidos a la adjudicación y facilitación de la contratación de una empresa de preferencia del Intendente Municipal.
Por ello, es que estas personas que, si bien tenían funciones propias con cierta autonomía decisoria dentro del municipio, ejercieron roles determinados los cuales consisten en cumplir con el propósito delineado, aunque ello signifique dictar determinaciones o realizar actos que atenten contra los mismos intereses municipales, a pesar de sus obligaciones y deberes como funcionarios de cualquier administración pública, señala la acusación.
