El presidente Peña vetó la ley del agente penitenciario porque su promulgación causaría fuerte impacto presupuestario y no se estudió la forma de financiamiento de todo lo que propone el cuerpo normativo.
“La creación de nuevas estructuras, incrementos de beneficios, escalafón penitenciario, entre otros que pretende el proyecto de ley sancionado, incrementaría el gasto público sin una contrapartida de ingresos que garantice el financiamiento”, fundamento el jefe de Estado y ordenó que el documento sea devuelto al Congreso Nacional.
Peña pidió un dictamen a la Dirección General de Presupuesto del Viceministerio de Administración Financiera que se expidió en términos similares y mencionó que la ley sancionada no fue canalizada a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El jefe de Estado fundamenta su objeción diciendo que no se cuenta con los informes técnicos de las dependencias competentes respecto a la razonabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los ingresos y de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con la Fuente de Financiamiento 10, conocida como “Recursos del Tesoro”.
Señaló que es imperativo e imprescindible que la ley asegure el cumplimiento sostenible y conducente de los propósitos que lo motivaron.
El proyecto de ley establece la carrera del agente penitenciario, así como los procesos de reclutamiento, la selección, incorporación, evaluación de desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro del mismo.
Un total de 112.850 millones de guaraníes sería el impacto presupuestario en el primer año de la nueva ley del agente penitenciario. Un total de 1.135 personas ya serían nombradas sin concurso y 227 serían directores. Peña insistió en que se debe constar cómo se financiaría todo eso.
