En las últimas semanas se instaló en el país el debate sobre el control de las Organizaciones No Gubernamentales. Sin desconocer la labor de aquellas que se rigen por principios, también hay que asumir que en los últimos años proliferaron las seudo ONGs, que con el ropaje de filantropía responden más bien a intereses particulares y crematísticos, por lo que es necesaria una tarea de control de estas entidades.
En la historia reciente del Paraguay, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han desempeñado un rol importante en el desarrollo de la sociedad, especialmente en momentos de crisis institucional. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, las ONGs fueron bastiones en la defensa de los derechos humanos y refugios para los dirigentes sociales perseguidos.
En los primeros años de la transición democrática, las ONGs nuevamente se consolidaron como pilares de credibilidad, como lo demostró la iniciativa SAKA, que contribuyó al control electoral de las elecciones municipales de 1991. Su labor fue reconocida incluso por el entonces presidente Andrés Rodríguez (fallecido), al reconocer el triunfo de un opositor en el municipio de Asunción.
Más allá de la defensa de los derechos humanos y la democracia, estas organizaciones también han realizado un trabajo invaluable en áreas que muchas veces ni siquiera la academia o el Estado han logrado abarcar. El estudio y la defensa de los recursos naturales, la investigación científica y la producción intelectual han sido campos en los que las ONGs han destacado, complementando la labor de las instituciones públicas y privadas.
Sin embargo, el reconocimiento de los méritos no puede ocultar una realidad preocupante: el abuso del sistema por parte de ciertos actores. En los últimos años, algunas ONGs han sido creadas con fines meramente lucrativos, dedicadas únicamente a recibir fondos y presentar informes vacíos sobre actividades que no se llevaron a cabo. Esta falta de transparencia se ha agravado aún más con las alianzas que ciertas organizaciones han establecido con instituciones públicas para ejecutar proyectos que, por naturaleza, deberían ser responsabilidad exclusiva del Estado.
La ineficiencia del sector público, tristemente reconocida, ha facilitado este fenómeno. Así, ciertos políticos inescrupulosos también han encontrado en las ONGs una herramienta para desviar fondos públicos. Este tipo de maniobras, además de dinamitar la credibilidad de las organizaciones serias, también afecta a la gestión transparente del Estado. Existen varios casos de este tipo, incluido el de un exgobernador que enfrenta actualmente un proceso judicial por estas prácticas.
Ante este panorama, la propuesta de una comisión bicameral para el control de las ONGs puede ser considerada una medida oportuna y necesaria. La creación de un Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro, que permita conocer la cantidad exacta de ONGs y el detalle de sus actividades, puede ser un paso hacia la transparencia.
No obstante, resulta preocupante que la misma comisión que busca ejercer este control pueda estar actuando de manera poco seria o transparente. Si no se aborda con responsabilidad, esta iniciativa podría convertirse en un arma de doble filo, generando un efecto boomerang y contaminando una investigación que podría, en otras circunstancias, exponer a quienes utilizan el ropaje de la filantropía para obtener beneficios personales.
El debate sobre el control de las ONGs debe estar enfocado en la búsqueda de la transparencia. Es necesario reconocer y proteger la labor histórica y actual de las ONGs que, con verdadera vocación de servicio, trabajan por el bienestar de la sociedad. Al mismo tiempo, es imperativo que se implementen mecanismos de control claros y efectivos que garanticen la correcta utilización de los recursos, sin caer en prácticas nocivas que contaminen la misma investigación y terminen restando credibilidad a los resultados.
