El reciente anuncio de la Superintendencia de Salud sobre las cancelaciones de empresas de medicina prepaga, hecho que ha dejado a muchos asegurados preocupados por la situación de las mismas. Las deudas que contraen con los proveedores y que generalmente no se pagana a los 90 días son causales para que una empresa del ramo deje de operar.
El doctor Roberto Robledo, superintendente de Salud, explicó que varias de las mismas se encuentran adeudando algunos requisitos indispensables para continuar habilitadas y, es dentro del marco de las falencias que varias de ellas terminan canceladas por la institución a su cargo.
En una entrevista en 970 AM que, el superintendente dijo que tras un relevamiento y auditorías contables, se detectaron irregularidades contundentes en varias de estas empresas. Entre ellas, el incumplimiento en el pago a proveedores, con deudas que superan los 90 días, lo que ha llevado a la Superintendencia a tomar medidas preventivas en estos casos.
Que dice la Ley sobre las empresas de Medicina Prepaga
Según Robledo, la ley 2319 establece que cualquier empresa que acumule deudas con proveedores por más de 90 días debe enfrentar una suspensión en la inscripción de nuevos afiliados. Esto no implica que las empresas dejen de operar, sino que se busca regularizar su situación financiera y garantizar que cumplan con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los usuarios, que temen por la continuidad de sus servicios médicos.
El superintendente aseguró que, a pesar de las sanciones, las empresas afectadas aún pueden seguir prestando servicios a sus afiliados. Robledo destacó que el objetivo de la Superintendencia es ayudar a estas empresas a “rehabilitarse” y normalizar su funcionamiento. Además, se ha abierto una investigación para que las empresas puedan presentar sus documentaciones y defenderse ante las irregularidades encontradas.
Los usuarios de las medicinas prepagas han expresado su frustración y angustia. Muchos se sienten abandonados, especialmente aquellos que dependen de tratamientos médicos programados. Robledo hizo un llamado a los asegurados para que se comuniquen con la Superintendencia y presenten sus reclamos. “Nuestras puertas están abiertas”, afirmó, subrayando la importancia de que cada persona conozca sus derechos y las opciones disponibles.
En la última parte, el superintendente recordó que los afiliados no están obligados a seguir pagando sus cuotas si la empresa ha sido suspendida. Robledo enfatizó que, en caso de que una empresa no cumpla con sus obligaciones, los beneficiarios tienen derecho a buscar alternativas en otras aseguradoras. La Superintendencia se ha reunido con la Cámara Paraguaya de Medicina Privada para facilitar la transición de estos afiliados a otras empresas, reconociendo incluso la antigüedad en algunos casos. En un contexto de incertidumbre, el compromiso de la Superintendencia es clave para asegurar la protección de los derechos de los usuarios.
