El reconocimiento por parte del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la insatisfacción del gobierno con el actual servicio de transporte público no sorprende a nadie. Como hemos advertido en varias ocasiones a través de nuestros editoriales, el sistema de transporte público en Paraguay se ha convertido en un drama que debe ser abordado con un criterio de Estado. La situación, lejos de mejorar, sigue deteriorándose, afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos y repercutiendo negativamente en diversas áreas de la vida nacional.
El problema del transporte público ha sido históricamente tratado con una visión centralista, como si fuera un asunto exclusivo del área metropolitana de Asunción. Sin embargo, el drama se acentúa en el interior del país, donde los usuarios no solo enfrentan un servicio deficiente, sino que además no se benefician del subsidio que los transportistas de la zona central reciben con la promesa de mejorar el servicio. Esta promesa, como el mismo ministro Fernández Valdovinos ha admitido, no ha sido cumplida. Los empresarios del transporte, en su mayoría, se han convertido en seudos empresarios que dependen del dinero de los contribuyentes para subsistir, pero no logran ofrecer un servicio digno ni siquiera a los sectores que se supone deben beneficiar.
La falta de un sistema de transporte público eficiente no solo degrada la calidad de vida de los paraguayos que pierden horas valiosas esperando en las paradas o viajando en condiciones inhumanas. También impacta negativamente en la vida económica de la república. Muchas ciudades del interior ven mermado su potencial turístico debido a la ausencia de un transporte público que permita la movilidad nocturna, un factor esencial para el desarrollo de esta industria. Además, es profundamente injusto que solo los habitantes del área metropolitana de Asunción se beneficien de los subsidios, mientras que ciudades del interior, densamente pobladas y con una vida económica productiva, quedan al margen.
Es evidente que el problema del transporte público en Paraguay requiere un enfoque integral, con un criterio de Estado. Se impone la necesidad de un «borrón y cuenta nueva». Si es necesario, el país debe considerar la posibilidad de una licitación internacional que permita atraer a verdaderos empresarios capaces de gestionar un servicio eficiente, que no dependa del subsidio estatal para sobrevivir y que, lo más importante, ofrezca un servicio de calidad a todos los usuarios.
El reconocimiento del gobierno de su ingenuidad al pensar que el simple pago de subsidios resolvería la crisis del transporte es un paso importante. Es la primera vez que una administración del Estado reconoce esta realidad, lo cual brinda una chispa de esperanza de que existe una verdadera intención de mejorar.
No obstante, es necesario que el nuevo plan que se está preparando sea ambicioso y contemple una solución que abarque a todo el territorio nacional, con un enfoque inclusivo y justo. Solo así se podrá empezar a resolver uno de los problemas más acuciantes que afectan a nuestra sociedad y que tanto daño ha causado a lo largo de los años.
