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viernes, 22 de noviembre de 2024
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Juez aprobó pedido de Fiscalía y embarga bienes de Jiménez Gaona hasta G. 36 mil millones

El juez de delitos económicos, Humberto Otazú, aprobó el pedido de la Fiscalía y ordenó el embargo de los bienes del ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944 en el caso del fallido metrobús. El mismo monto de embargo también ordenó contra los bienes de Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger.

En el caso del fallido metrobus el Estado busca la recuperación de activos. En el 2016 fueron desembolsados 22 pagos por la suma de G.57.979.979.340, mientras que en el 2017 se desembolsó 108 pagos por un valor de G. 22.759.638.729 y en el 2018 hasta el 15 de agosto, se realizaron 65 pagos por un valor de G. 28.631.294.764, totalizando la suma de G. 109.370.912.833 durante la administración de los imputados al frente del MOPC, según la investigación con que cuenta el Juzgado.

En consecuencia, el juez consideró que resulta pertinente que se decrete el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias habilitadas a nombre de cada uno de los imputados, en bancos y financiera de plaza, hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944 cada uno.

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El juez Otazú había pedido a la fiscala, Estafanía González que especifique los montos a embargar cuando la misma pidió al magistrado, la semana pasada, que decrete dicha medida contra el ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Martínez Alcaraz y la ex viceministra de Finanzas, Marta Regina Benítez. Todos están procesados en el caso del fallido metrobús. Alcaraz era justamente el gerente de metrobús.

La agente fiscal, entonces, informó al juez el martes 18 de abril que el monto a embargar sea de 36 mil millones de guaraníes a cada uno, lo que en total resulta 108 mil millones de guaraníes.

La Fiscalía pidió el viernes de la semana pasada al juez que ordene el embargo preventivo de cuentas bancarias del ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona y de las dos personas citadas. La Fiscalía les imputó por lesión de confianza. El Ministerio Público se explayó con énfasis en Jiménez Gaona y sostuvo que éste tenía a su cargo el control y la fiscalización de las obras y no lo hizo. Por esta razón, le tiene como responsable de fracaso de la obra.

La investigación

El Ministerio Público abrió la investigación en mayo de 2018 sobre el fallido metrobús a raíz de la denuncia del ingeniero, Hermann Pankow, por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto. Esta denuncia fue reforzada por la Contraloría que remitió también su informe a la Fiscalía, pero el caso durmió y no había un sólo imputado hasta marzo de este año, aún cuando el perjuicio a muchos comerciantes de la avenida Eusebio Ayala (foto 780am) eran evidentes porque ellos cerraron los negocios y denunciaron que quedaron sin sustento durante varios años.

Con el embargo, el metrobús pasara a ser un gran caso judicial, porque las cuentas quedarán bloqueadas. Sin embargo, todavía se desconocen los millonarios montos que Jiménez Gaona no podrá tocar.

¿Por qué embargar los bienes de Jiménez Gaona? Porque el Estado desembolsó mucho dinero en el fallido Metrobús y el responsable de coordinar, supervisar y controlar las actividades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones era el ministro y éste no cumplió con esa obligación, según la Fiscalía. Entonces, en teoría, luego de continuar la investigación y si se prueba la responsabilidad de Jiménez, éste tendrá que reponer el dinero del Estado de su bolsillo.

Sin embargo, el proceso judicial recién comienza y la defensa de Jiménez Gaona ya presentó recurso de reposición y apelación en subsidio contra la resolución del juez que admitió la imputación, con lo cual todo queda suspendido, por ahora, hasta que se resuelva este punto. LO primero que se suspendio fue la audiencia de imposición de medidas que fue fijada para este jueves.

La obra de metrobús estuvo a cargo de la empresa constructora Mota-Engil. La Fiscalía sostiene que en 2018, cuando se dio el cese de construcción por parte de la empresa constructora, el MOPC no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo ni de la Municipalidad de Asunción. Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger también fueron imputados con Jiménez Gaona por lesión de confianza.