El fallido metrobús que comenzó como un multimillonario negocio pasará a ser un gran caso judicial. La Fiscalía pidió este viernes al juez de la causa que ordene el embargo preventivo de cuentas bancarias del ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. La Fiscalía que le imputó por lesión de confianza a Jiménez, sostiene que éste tenía a su cargo el control y la fiscalización de las obras y no lo hizo. Por esta razón, le tiene como responsable de fracaso de la obra.
El Ministerio Público abrió la investigación en el mayo de 2018 sobre el fallido metrobús a raíz de la denuncia del ingeniero, Hermann Pankow, por presuntas irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto. Esta denuncia fue reforzada por la Contraloría que remitió también su informe a la Fiscalía, pero el caso durmió y no había un sólo imputado hasta marzo de este año, aún cuando el perjuicio a muchos comerciantes de la avenida Eusebio Ayala (foto 780am) eran evidentes porque ellos cerraron los negocios y denunciaron que quedaron sin sustento durante varios años.
Con el embargo, el metrobús pasara a ser un gran caso judicial, porque las cuentas quedarán bloqueadas. Sin embargo, todavía se desconocen los millonarios montos que Jiménez Gaona no podrá tocar. Mientras tanto, el juez Humberto Otazú pidió a la Fiscalía que precise el monto a embargar. Jiménez Gaona nombró a los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma para que les defienda.
¿Por qué le embargan a Jiménez Gaona? Porque el Estado desembolsó mucho dinero en el fallido Metrobús y el responsable de coordinar, supervisar y controlar las actividades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones era el ministro y éste no cumplió con esa obligación, según la Fiscalía. Entonces, en teoría, luego de continuar la investigación y si se prueba la responsabilidad de Jiménez, éste tendrá que reponer el dinero del Estado de su bolsillo. Sin embargo, el proceso judicial recién comienza.
La obra de metrobús estuvo a cargo de la empresa constructora Mota-Engil. La Fiscalía sostiene que en 2018, cuando se dio el cese de construcción por parte de la empresa constructora, el MOPC no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo ni de la Municipalidad de Asunción. Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger también fueron imputados con Jiménez Gaona por lesión de confianza.
