El juez Raúl Florentín admitió en la fecha la imputación solicitada por la Fiscalía en contra de Ramón Guillén, padre de la funcionaria del Ministerio Público, Claudia Guillén, quien había sido arrestada el pasado 12 de marzo en posesión de una camioneta Toyota con documentación «clonada» semanas atrás. Asimismo, admitió la imputación contra el escribano Julio Cáceres, quien había intervenido en las transacciones para certificar la compra-venta del vehìculo, que había sido denunciado como robado en Brasil
Sin embargo, ni la Fiscalìa ni el Juzgado han puesto aùn la mira en la posibilidad de que funcionarios policiales estuvieran involucrados en este hecho, que es uno màs del «modus operandi» de la «mafia de los cabritos», como se apoda a los automotores robados cuyos documentos luego son clonados para la venta en el mercado negro, y en la cual sin dudas habrían funcionarios policiales y escribanos involucrados para dar soporte y protecciòn al negocio.
De hecho, la Comandancia de la Policía Nacional había anunciado que se harían investigaciones internas sobre el particular, pero del anuncio hasta ahora nada se sabe y todo va teniendo tufo de que terminaría en el opareí como en otros muchos casos que involucran a policías en hechos de coimas, «aprietes», compra-ventas de autos robados, entre otros.
Recordemos que este caso en particular sirvió para que saltaran a la luz pública al menos una docena de casos similares en los que ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de estafa con la compra de vehículos robados que tenían supuestamente sus documentos «en orden», cerficados por papeles truchos con sellos y nombres de departamentos de la Policía Nacional. Incluso, en varios casos, en las mismas barreras policiales eran sometidos a «aprietes» para «arreglar el tema y evitar la denuncia a la Fiscalía». Nada de esto ha sido investigado por el Ministerio Público ni la Policía, que al final se centran en el padre de la funcionaria quien, probablemente, sea una víctima más del fabuloso mecanismo de la «mafia de los cabritos», la cual, sin protección policial, no podría funcionar tan tranquilamente en el país.
