Una serie de quejas y reclamos de la ciudadanía sobre diversos temas de interés público y cómo los fondos del Estado son aplicados en ellos, han motivado una cadena de solicitudes de información pública a través del Portal Unificado de Información Pública (PUIP) regenteado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, cuando se conocieron los datos de mal uso del dinero estatal en temas como el billetaje, los subsidios a transportistas, entre otros, de pronto, dicho Portal dejó de funcionar y entro en modo «en mantenimiento» sin explicación alguna. Tufo de secretismo o ineptitud en el servicio… ¿qué pasó?
Desde la semana pasado, y a la fecha ya por un total de seis días, no estaba funcionando dicho portal que reúne toda la información pública que debe hacer accesible el Estado y deben poner a disposición los entes gubernamentales ante las solicitudes de ciudadanos. Este martes estuvo funcionando de manera intermitente. Todo ello ha sucedido contemporámente con la campaña desarrollada por un grupo ciudadano bajo el nombre de «OPAMA» (Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción), que empezó a hurgar a través de dicho portal los datos de subsidios a transportistas y uso del sistema de billetaje electrónico en el sistema de transporte público.
El interés y empeño del grupo, liderado entre otros por Mauricio Maluff Masi (@mmaluff en twitter), puso al descubierto un descomunal fraude con las tarjetas de billetaje y los subsidios pagados a transportistas, que a estas horas ya se cobró la cabeza del entonces viceministro de Transporte y podría incluso llevar a estrados judiciales denuncias penales contra otras autoridades y empresarios involucrados.
En medio de eso, resulta sumamente llamativo que la principal herramienta de acceso a los datos del sistema de transporte haya «caído» y esté «en mantenimiento» por casi una semana. Nada alentador en el marco de un Ministerio de Justicia que se ha venido jactando de su «transparencia» como parte del «gobierno de la gente».
La transparencia del Portal quedó «en visto» durante al menos seis días hasta la fecha, y cientos de ciudadanos han sido afectados en su derecho constitucional de acceder a información pública, con lo que el hecho podría configurar una de las irregularidades que la Ley 5282 y otros marcos legales prevén para faltas cometidas en el ejercicio de la función pública.
Desde el Ministerio de Justicia no hubo ninguna explicación sobre el tema, pese a que la Ley 5282 y los decretos que la reglamentan ponen en este ministerio toda la responsabilidad por mantener en forma accesible la información pública y permitir que la ciudadanía pueda realizar solicitudes de manera ágil y eficaz. Varios expertos en temas de transparencia y activistas sobre derechos humanos se manifestaron a través de redes sociales mencionando justamente que este derecho a la información de la gente se veía afectado por esta situación.
