(Especial). «Si hay un lugar en la OMC (Organización Mundial de Comercio), Brasil lo quiere. Hay un lugar en la ONU, Brasil lo quiere. Si hay un lugar en la FAO, Brasil lo quiere. Si hasta quisieron poner al Papa», decía Néstor Kirchner en el 2005, poco después del fallecimiento del pontífice Juan Pablo II.
Eran tiempos de relaciones intermitentemente turbulentas entre Buenos Aires y Brasilia, con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva empeñado en liderar América del Sur y el entonces presidente de Argentina buscando algún equilibrio en el poder regional.
Según nuestras fuentes diplomáticas confiables, la historia vuelve a repetirse. Con la diplomacia (Itamaraty) del nuevo jefe del Palacio del Planalto tan concentrada en mostrar que “Brasil volvió al mundo”, deja cabos sueltos en su propio vecindario, en el que puja por acumular cargos y presupuestos regionales.
Casi dos décadas atrás, Itamaraty buscaba que el diplomático Luiz Felipe Seixas Correa dirigiera la OMC y el economista Joao Sayad fuese electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También intentaba emplazar a José Graziano en la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Brasilia también quería a Cláudio Hummes, entonces arzobispo de Sao Paulo, en el sillón de Pedro, en Roma.
Seixas Correa perdió la elección en la OMC antes el francés Pascal Lamy, pero luego éste fue reemplazado por un diplomático brasileño, Roberto Azevedo. Graziano cumplió dos mandatos en la FAO y si bien Sayad no obtuvo el cargo que buscaba, el ex presidente del Banco Central de Brasil Ilan Goldfajn, con el apoyo de Lula y Bolsonaro, dirige actualmente el BID desde Washington. El deseo de Lula apenas no fue consagrado en el Vaticano.
Todos estos organismos multilaterales, con sus abultados presupuestos, tienen el poder de influencia y de incidencia directa en políticas públicas nacionales, orientando y alocando recursos para determinados proyectos, iniciativas u obras.
Según la misma fuente, por estas horas se está definiendo el nombre del nuevo presidente ejecutivo del Fonplata, un organismo más modesto en recursos integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, pero que posee sin embargo una importante cartera de créditos, dirigidos fundamentalmente a infraestructura y con proyectos en ejecución en el país.
El año pasado, los Estados Miembros de Fonplata –Brasil incluido- acordaron que ningún funcionario del organismo podría ser candidato a la presidencia ejecutiva. Sin embargo, el Ministerio de Planificación de Brasil, lanzó la candidatura de la gerente de Operaciones de Fonplata, Luciana Botafogo, para presidir el organismo, pasando por encima de sus reglas y, sobre todo, ignorando la necesidad de un equitativo reparto de sillas regionales entre los países.
El anuncio de esa postulación corrió por cuenta del Ministerio que dirige la ex senadora Simone Tebet, sin que participara directamente la cancillería de Brasil.
La insistencia de la ministra Tebet, que a esta altura parece más una cuestión personal que una decisión de Estado fundada en los mejores intereses de Brasil, ha logrado trabar momentáneamente la elección de un nuevo liderazgo en Fonplata, afectando el adecuado funcionamiento institucional del organismo y las calificaciones de riesgo de las emisiones que éste debe hacer en el corto plazo.
Es de esperarse que, a la brevedad, los países que conforman Fonplata–incluyendo el propio gobierno brasileño- vuelvan sobre sus pasos y repiensen la noción de equidad regional para definir el nombre del nuevo titular del organismo.
Sólo así Fonplata podrá cumplir acabadamente su misión, que no es otra la de promover la integración y el desarrollo armónico, inclusivo y sostenible de sus Países Miembros.
