Lawfare es actualmente la herramienta que involucra a la Justicia en los juegos de poder que puede ser político o económico, en forma conjunta o separada. Se aplica en proyectos de gran envergadura para atacar al enemigo, para someterlo, para controlarlo o para liquidarlo. La palabra proviene del inglés law (ley) y warfare ( guerra judicial o guerra jurídica).
En el juego, el Poder Judicial aparece como un actor más del equipo para desprestigiar la carrera de alguien, para trabar una política pública, para debilitar al oficialismo o a la oposición. En definitiva, lawfare es el uso de procesos judiciales para destituir a alguien que ocupa un cargo público o cuando quien ocupa el cargo público quiere aplastar a su adversario de la oposición o correligionario contestatario.
El término no es nuevo, pero su uso está de moda, no sólo en Paraguay o en Argentina sino también en muchas partes del mundo. Se registra en un artículo de 1975, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”, escrito por los humanitaristas australianos, John Carlson y Neville Thomas Yeomans, quienes sostienen que la búsqueda de la verdad fue sustituida por una especie de guerra llevada adelante en los tribunales.
Pero no solo una guerra que ya está presente sino también puede ser un desafío que empieza eligiéndose como escenario al Poder Judicial y allí se le convoca al enemigo a quien de a poco se le busca enredar con la ayuda de los actores de esta institución a favor de la causa.
Tres protagonistas:
En ese contexto, el abogado penalista argentino, Maximiliano Rusconi sostiene que para que el concepto posea vigencia práctica se requieren tres protagonistas: “El amigo oficialista que detenta el poder, el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último, quienes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno, quienes ofrecen el alejamiento judicial de las normas como proyectiles (algunos miembros del sistema judicial)”.
“Elegido un sector, por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”, afirmó Rusconi.
También puede ocurrir lo contrario, que el opositor sea el que inicie la guerra en el escenario del Poder Judicial y aplica el procedimiento en sentido contrario, teniendo a los agentes judiciales como amigo o parte del equipo. Solamente que no es lo normal porque el que está en mejor posición para atacar siempre es el que tiene el poder, pero puede ocurrir.
Arma de guerra
Un estudio político sobre el término fue realizado por Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del año 2001 para el Harvard’s Carr Center. En ese trabajo, definió el “lawfare” como “el uso de la ley como un arma de guerra”, pero para asegurar su aplicación hay que tener amigos dentro del Poder Judicial. Entonces, hay que cuidar muy bien que el caso no caiga en manos de un juez que no es del equipo.
Infobae, haciendo una recopilación cita a los citados autores y agrega al antropólogo de Harvard, John Comaroff, que en su libro “Colonialismo, cultura y ley”, analizó el uso por parte de los países de Europa en África durante los siglos XIX y XX. En su análisis, concibe al “lawfare” como el uso de la ley para lograr la subordinación, la conquista o el control de poblaciones subalternas o, en general, de grupos menos poderosos, definiéndolo como “el esfuerzo por conquistar y controlar a los pueblos indígenas mediante el uso coercitivo de los medios legales”.
La ex presidente de Argentina, Cristina Kirchner, utilizó el término inglés lawfare durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.
En Brasil, Lula Da Silva, siendo ex presidente, en 2018 fue acusado y condenado por aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales mientras estuvo en el poder, pero un juez de la Corte Suprema anuló las sentencias en 2021 por considerar que tanto la Fiscalía como el juez no actuaron en forma imparcial. Entonces, Lula dio vuelta a su caso, regresó a la política y derrotó al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022.
