En un rincón “estratégico” del predio municipal, el uniformado aguarda pacientemente. Al rato, llega uno de los “gestores” con media docena de formularios, debidamente rellenados, para solicitar el “Certificado de Vida y Residencia” (CVR) que expide la Policía Nacional a través de sus Comisarías. El gestor entrega los papeles y el policía se dirige a la Comisaría donde se elaboran en orden de prioridad previamente “asegurado” los seis certificados para otras tantas personas. Vuelve al predio municipal donde el gestor recoge los certificados y paga por ellos la suma convenida. Finalmente, el gestor entrega a los ciudadanos interesados sus respectivos certificados que les servirán para gestionar la renovación o emisión de la Licencia de conducir del municipio escogido. Nadie verificó nada. Y la emisión del certificado, que es gratuita, en este caso ha tenido el costo por “acelerar” el proceso y evitar entrar en la larga lista de ciudadanos que solicitan el documento en las comisarías.
Esta escena, aunque imaginada para este artículo pero absolutamente verosímil por aquello de que la burocracia es el mejor abono para la coima, es una arista de la realidad que se está desplegando cotidianamente en varios municipios a partir de la implementación de una serie de nuevos requisitos instaurados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, algunos de ellos en base a la “Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, Ley 5016/14, y otros, establecidos por resoluciones de la propia Agencia.
En el caso del Certificado de Vida y Residencia (CVR), la Ley no lo exige, pero la Agencia “amplió” en con una resolución (la Nº 36/2015) la tabla de requisitos incluyendo este certificado.
“Tenés que hacerte antes tu certificado de vida y residencia en la Comisaría. Pero si no tenès, podemos conseguirte. Te va a salir 50 mil y no necesitás ni irte a la Comisaría”. Así explica un gestor de licencias y otros trámites municipales.
El ciudadano sigue siendo el más afectado por la inclusión de este tipo de requisitos innecesarios, inútiles e inconducentes, a partir del excesivo burocratismo de la Agencia, que impone a los municipios estas reglas. Y esos calificativos resultan precisos teniendo en cuenta que el CVR estaría pretendiendo evitar que un ciudadano obtenga su licencia de conducir en un municipio en el cual no reside, objetivo para el cual ni siquiera ese certificado resulta conducente.
Veamos. La Comisaría local es la responsable de expedir el CVR para un ciudadano, y como requisito para ello le exige
- Ir a retirar el formulario estándar para solicitar CVR (gratuito, pero que en la pràctica supone al ciudadano desplazarse a la Comisaría, primer paso, primer viaje, con costos de transporte)
- Rellenar el formulario con sus datos, y adjuntar una copia de su cédula de identidad, y los datos y copias de cédula de identidad de dos testigos, vecinos suyos.
- Volver a la Comisaría para presentar el formulario, con las copias de cédulas. Nuevo costo en transporte.
- Aguardar entre 12 y 24 horas para volver a la Comisaría para retirar el CVR. Nuevo costo de transporte para el bolsillo del ciudadano.
En todo este proceso, el ciudadano habrá tenido que invertir al menos en tres viajes, otras tantas horas, y los costos de fotocopiado para las cédulas. Y todo este procedimiento ni siquiera conduce a que haya una comprobación real del domicilio declarado por el ciudadano. Pero claro, al estar establecido el requisito, se crea la necesidad y la demanda de CVRs, con lo cual, las Comisarías están empezando a “colapsar” con estos pedidos, incluso distrayendo su función misional principal, que es atender la seguridad ciudadana. Y para colmo, como ese colapso hace que se tenga que aguardar un tiempo para obtener el certificado, se abre un terreno fértil para la obtención “por debajo dela mesa”, obviamente con costos “extras” que ayudan a tener “prioridad” en los proceses de emisión.
Con todo esto, la inclusión del CVR así como la inclusión del certificado de haber realizado un curso de Primeros Auxilios, el vía crucis para los ciudadanos se amplía para obtener una simple licencia de conducir, amén del colapso ya existente en varios municipios y que obliga a éstos a no poder entregar los registros en el día
Cursos de Primeros Auxilios, obligatorios pero ¿efectivos?
Otras de las innovaciones incluidas por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) es el requisito de que la persona que quisiera obtener o renovar una licencia de conducir debe obligatoriamente tomar un curso de Primeros Auxilios en una de las entidades que son habilitadas por la propia Agencia. Las resoluciones 748 y 864 del año 2022 dictadas por la Agencia, disponen y regulan esta condición inexcusable para otorgar o renovar licencias de conducir. Y luego vienen las resoluciones por las cuales se “habilitan” las entidades que pueden ofrecer el curso, en base a contenidos también aprobados por la Agencia.
Por este curso y el respectivo certificado, el ciudadano debe “invertir” una hora más de su tiempo y pagar entre G. 30 a 50 mil, dependiendo de la entidad donde le toque concurrir a tomar el curso, que sólo admite la modalidad “presencial”, algo que parecería obsoleto en un siglo de las nuevas tecnologías y la multiplicación de videos tutoriales de todo tipo.
La Cruz Roja Paraguaya y los diferentes Cuerpos de Bomberos de los municipios figuran entre las entidades que fueron habilitadas para ofrecer estos cursos y sus certificados son reconocidos por los municipios y la ANTSV.
En estos días tienen vencimiento todas las licencias de conducir expedidas por los municipios, cuyos locales ya están empezando a sentir la aglomeración provocada habitualmente en estos tiempos, pero a la que se suma la inclusión de estos requisitos que agregan más burocracia, más costos al ciudadano, y no resultan para nada conducentes a los supuestos propósitos establecidos por la Agencia.
