Las publicaciones y aclaraciones sobre el Estacionamiento Tarifado en Asunción no contribuyeron a despejar las dudas, sino todo lo contrario, a medida que se indaga salen más hechos que siembran dudas sobre la concesión y el accionar de la firma adjudicada.
El consorcio Parxin, adjudicado con el Estacionamiento Tarifado, fue conformado el 4 de septiembre del 2015 en Asunción por las empresas Onix Parque S.A. y Geolatina S.A. El acta de constitución del consorcio señala que suscribieron el acuerdo David Ricardo Silbengerg (por Onix) y Anabela Busolini (por Geolatina). Ambos representantes, de nacionalidad argentina. Onix, constituida en la República Argentina, tiene como accionista mayoritario a Parx Ltd del Estado de Israel; mientras que Geolatina está constituida en Paraguay. La participación en el consorcio quedó de esta manera: Onix Parque, 60% y Geolatina 40%. En el acta original, se determinó designar como representante legal único a la señora Anabela Busolini
El mes pasado, gracias a publicaciones periodísticas y denuncias de referentes de organizaciones ciudadanas, se pudo conocer sobre la existencia de un pre-acuerdo que estaría siendo “tramitado” por el Consorcio Parxin con una empresa local para incorporar al negocio. La filtración de una “carta compromiso” suscrita entre Geolatina y la empresa EDIVI S.A., propiedad de Daniel Díaz de Vivar, abrió el horizonte de sospechas en torno a que incluso previo a la implementación efectiva del sistema de estacionamiento tarifado ya se están gestando “repartijas” o “ventas” de porciones del gran negocio que implicará durante 15 años la concesión.
Hace una semana, la administración municipal remitió a la Contraloría General de la República, el informe de auditoría interna, que detalla una serie de graves irregularidades en torno el contrato con el Consorcio Parxin. Las inconsistencias en documentos se dan incluso desde el mismísimo proceso de licitación y adjudicación, que culminó en 2016, según el informe.
El proceso de explotación del estacionamiento se inició en el 2013 y desde su origen tuvo manejos ocultos tanto de parte del concesionario, como de las autoridades municipales. Los habitantes de Asunción y visitantes no tienen porqué aceptar un proceso que carece de transparencia y claridad desde sus inicios, más todavía cuando se trata de una concesión de nada menos que 15 años. Si el proceso comenzó mal es absurdo esperar que su implementación sea provechosa para la ciudadanía.
Para completar el panorama, ahora los responsables de la firma concesionaria, amenazan con acciones judiciales a quienes se opongan a la implementación. Esto solo viene a ratificar la presunción de que se intenta explotar el servicio a cualquier precio, aún cuando eso signifique un grave perjuicio para la ciudad, como se advierte desde diferentes sectores.
Con todos estos antecedentes se incrementa la sospecha y el rechazo a la aplicación del Estacionamiento tarifado en Asunción, que a todas luces responde a un único objetivo recaudador.
Los concejales municipales deben dejar de actuar como voceros de la concesionaria y defender los intereses de los asuncenos. Se tienen que arbitrar los mecanismos para poner fin a un proceso que estuvo plagado de ocultamientos y de irregularidades desde sus orígenes.
