Los Estados Unidos de América observan que en Paraguay la impunidad es «endémica» y el Poder Judicial es débil, de lo cual se aprovechan muchos políticos y funcionarios de alto rango. Hay vínculo muy fuerte entre la clase política y el Poder Judicial. Además, en todo el sistema de justicia hay niveles de corrupción. Esto se desprende del informe anual sobre Derechos Humanos, elaborado por el Departamento de Estado de ese país.
El documento se llama «Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2022». Aquí se resalta que muchos políticos que fueron investigados, luego de ser denunciado por los medios masivos de comunicación, logran la impunidad mediante el límite del proceso penal de 4 años.
Aunque el informe no critica que haya un límite a un proceso, destaca que los políticos o funcionarios públicos se aprovechan de ello para alargar los pleitos hasta conseguir que sus expedientes sean archivados al no alcanzar la sentencia en el lapso de 4 años establecido. De esta manera, «los funcionarios públicos de alto rango disfrutaron de un alto grado de impunidad», dice el documento.
“Bajo una ley que prohíbe que los casos judiciales duren más de cuatro años, políticos e influyentes recurrieron acciones y apelaciones hasta llegar al plazo de prescripción o por exitosamente solicitar la destitución o suspensión de los jueces y fiscales en ejercicio de sus casos”, afirma.
Agrega que la politización hay en todos los niveles del Poder Judicial, particularmente en oficinas regionales y tribunales inferiores. Sin embargo, el documento del Departamento de Estado dice que si hay políticos o personas influyentes condenados en nivel inferior, ellos presentan después apelaciones o mociones que alargan los procesos. Incluso, se pegan el lujo de destituir a los jueces o suspender a los fiscales.
Según el informe, los EE.UU. ven que Paraguay no aplica bien la ley que establece sanciones penales a los funcionarios públicos corruptos. Casos como asociación delictiva, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y evasión de impuestos, eran temas de denuncias que se publicaban por la prensa pero la Fiscalía actuaba al respecto con excesiva lentitud.
