Una gran polémica se está armando con la construcciòn e instalación de nuevas bicisendas en el centro de Asunción, en el marco de un proyecto que, ahora se va conociendo, involucra a instituciones del Estado central, varias municipalidades y un par de organismos internacionales. De la noche a la mañana, la ciudadanía vio transformadas varias arterias tanto capitalinas como en municipios vecinos para incorporar los espacios destinados exclusivamente al tránsito de bicicletas.
En algunos casos, las condiciones apropiadas de los trayectos y avenidas elegidas no causaron mayor inconveniente ni críticas, pero en otros, como el de la Calle Palma, dejan en evidencia la nula o equivocada planificación del uso del espacio público en una ciudad que hasta ahora apenas tiene vigencia del ciclismo como parte del entretenimiento y el espacirmiento, y no como vehículo de transporte para las actividades cotidianas.
Ahora que empezaron las críticas, quienes vinieron manejando este proyecto (y todo lo vinculado a él, así como otros planes coaligados) se están rasgando las vestiduras, tratando de contrarrestar las críticas muchas veces con el argumento de «autoridad» en materia «sostenible», y hasta denigrando o tratando de ignorantes a quienes, con justa razón, tienen derecho a reclamar de sus autoridades la más absoluta transparencia en el manejo de fondos y en el diseño e impulso de obras que finalmente afectan a la vida urbana. Presionados por las circunstancias, ahora recién empiezan a aparecer datos de ése y otros proyectos en los que se vienen manejando millones de dólares de financiación y de contrapartidas.
En puridad, este tema de las bicisendas lo que ha hecho es desnudar el ascendrado vicio de la soberbia en la clase política: la antigua, y la de muchos que se han incorporado a ella últimamente desde escaños comunales gritando a voz en cuello su propuestas de «cambio» pero que terminan repitiendo vicios como éstos en sus acciones.
Algunos de esos concejales, aparentemente imberbes aún en la política partidaria, sin embargo ya muestran habilidades singulares para erigirse en profetas de lo «políticamente correcto» y representantes, antes que de sus votantes, de los intereses de agendas temáticas, de grupúsculos afines y de políticas dictadas desde los centros del poder globalizado. Si a ello sumamos que contemporáneamente con el fuerte impulso de estas bicisendas empiezan a anunciarse multimillonarias «inversiones» de empresas multinacionales para producir o hacer maquila de bicicletas eléctricas en el país, no hay que ser demasiado audaz para permitirse una legítima sospecha de la defensa de otros intereses subyacentes.
¿Quién o quiénes aprobaron este proyecto y sus diseños? ¿Qué estudios de impacto ambiental y de afectación económica y comercial se hicieron para las zonas afectadas? ¿Se dió participación a la gente para que opine sobre el proyecto, sus alcances y el diseño? ¿Hubo alguna encuesta para estimar si la ciudadanìa sentía como una necesidad o estaría de acuerdo con el proyecto y sus consecuencias? ¿Quién en la Intendencia o la Junta Municipal de los municipios afectados decidió en nombre de la ciudadanìa que «esto le conviene» a la ciudad? ¿En qué momento se gestó una encuesta o estudio que determinara que era una obra prioritaria para la ciudad y su gente?
Es muy posible que todas o la mayoría de estas preguntas conduzcan a lo que muchas veces ha sucedido en la gestión de la cosa pública: contubernios entre autoridades que ni les importa el parecer de la gente y burócratas autoerigidos como «expertos» y garantes de la «modernidad» y el «mundo sostenible» cuyos principios fueron aprendidos en catálogos o seminarios técnicos, pero alejados del sentir ciudadano.
La sociedad democrática requiere que el pueblo, la gente, la ciudadanía tenga participación en las decisiones que les afectan. Los mesianismos políticos, militares o tecnócratas no tienen cabida en la democracia participativa, como es la que se consagra en nuestra Constituciòn y leyes. Todos esos mesianismos coinciden en un punto común: se arrogan la potestad de «saber» qué «conviene» a la gente y en ese afán desdeñan al pueblo y lo tratan de ignorante y discapacitado para autogobernarse.
Militares, polìticos y tecnócratas mesiánicos, arropados en las lisonjas y aplausos de sus fanáticos adulones, repiten por ello planes y proyectos que no miran ni atienden necesidades, prioridades o expectativas genuinas de la gente, sino se imponen en base a ideas «iluminadas» o intereses sectarios.
Las bicisendas son estrategias interesantes para las ciudades modernas, pero su implementación debe ser producto de una legìtima aspiraciòn y apropiaciòn ciudadana, salvo que la opción política sea totalitaria. En muchas sociedades se han implementado con éxito y fueron acogidas por la gente. Hay mucha literatura sobre las conveniencias de las mismas, pero no todas las ciudades ni circunstancias son comparables. No son proyectos asépticos ni carentes de desafíos o dificultades. Uno de ellos, quizás el principal, es que pretender imponerlas en el Área Metropolitana de Asunción, que carece de un sistema de transporte pùblico masivo digno y eficiente, es casi una utopìa trasnochada gestada a ritmo de veleidades mesiánicas empachadas de conceptos «polìticamente correctos» como sostenibilidad o sustentatibilidad, pero desarticuladas del sentir de la gente, de sus verdaderas prioridades y expectativas.
Una tecnocracia arrogante, que desoye o ningunea a la gente, es lo peor que puede ocurrir en pleno siglo 21 a nuestras sociedades democráticas pues terminará destruyendo lo que ya los autoritarismos polìticos empezaron a atacar: la voluntad popular como eje de la vida en la República.
