Decíamos en nuestro editorial de ayer, que el silencio de las más altas autoridades respecto a los vínculos de elementos de la Policías Nacional con los casos de clonación de chapas y otros documentos de autovehículos, aumenta la desconfianza de la ciudadanía hacia la institución responsable de la seguridad pública en el país.
Si no fuera por el escándalo de la auxiliar fiscal Claudia Guillén, los otros casos no hubieran saltado, y así han de haber otros cientos, porque se sabe lo peligroso que puede resultar para el ciudadano indefenso “meterse con la policía”.
El actual comandante, Crio. Gilberto Fleitas había llegado al cargo justamente luego de un tiroteo en un concierto en San Bernardino, donde falleciera la conocida influencer Vita Aranda. Uno de los detenidos por aquel caso era precisamente un efectivo de la policía. Fleitas, al asumir el cargo había reconocido que “el crimen organizado siempre juega con el funcionario público” y había prometido combatir la corrupción dentro de la institución.
Por eso resulta preocupante y llamativo el silencio del Comandante de la Policía, Fleitas y del Ministro del Interior, Federico González. Este último, no puede alegar desconocimiento, ya que pasó por casi todos los ministerios más importantes, durante este gobierno.
Tras las publicaciones de los medios, la Policía Nacional, a través de un simple tweet, informó que se inició una investigación, a través de Dirección General de Investigación Criminal y la Dirección de Asuntos Internos, ésta última caracterizada por su nula efectividad en cuanto a resultados.
No es ninguna novedad que la estructura de la Policía Nacional está corrompida desde las más alta cúpula hasta la última comisaría del país. Sus miembros actúan como una mafia, a sabiendas de que sus mismos jefes están metidos en chanchullos y por eso operan en verdaderas gavillas.
Así lo hicieron cuando, utilizaron en más de una ocasión las comisarías del Alto Paraná, para operativos de secuestro exprés. En el 2020, ya durante este gobierno, 19 agentes policiales fueron acusados por la Fiscalía tras hallar elementos contundentes sobre el recibo de dinero de narcotraficantes de Amambay y la lista sería interminable de los casos de actuaciones mafiosas de efectivos de la policía.
En el caso de la investigación de la clonación de documentos de vehículos no sería muy complicado dar con los responsables. Bastaría saber quiénes son los que tienen acceso a las bases de datos de la policía. Lo mismo sucede con la clonación de cédulas de identidad, en el Departamento de Identificaciones, donde utilizan datos de fallecidos para otorgar documentos a peligrosos delincuentes internacionales.
Si existiera voluntad de sanear la Policía y recuperar la confianza ciudadana, el Ministerio del Interior y la Comandancia deben iniciar una investigación a fondo de estas denuncias de clonación y hacerlo con la mayor transparencia posible. Pedir un saneamiento total de la Policía, evidentemente es una misión imposible, y que esta administración evidentemente ya no la va a hacer. Pero, podría ser éste caso un primer paso para dar una señal de que no se protege a los delincuentes en la institución.
