El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en su reciente visita a nuestro país, había dicho que para hallar al autor intelectual del crimen de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Colombia, depende mucho de la tarea que está haciendo la Fiscalía paraguaya; mientras que su colega paraguayo, Manuel Doldán, afirmó que es al revés, que eso depende mucho del trabajo de investigación está haciendo la Fiscalía de Colombia.
Ojalá este «pimponeo» entre fiscales sea solamente una estrategia para asegurar los trabajos investigativos. Ambos fiscales aseguran que hay bastante novedades en el caso Pecci, pero que aún no pueden revelarse. El fiscal Barbosa conoció también al nuevo fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández durante su visita (foto Fiscalía).
Manuel Doldán, entrevistado hoy por la Radio Monumental AM, informó que el esclarecimiento del autor intelectual del asesinato de Pecci dependen de los elementos que recojan los fiscales colombianos tras la detención de los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, además de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga.
«Al revés, somos nosotros los que estamos trabajando en un contexto de cooperación con la Fiscalía colombiana, que es la que por principio de territorialidad lleva adelante la investigación. Nosotros estamos muy dependientes de los aportes que en Colombia se recolecten de los hermanos Pérez Hoyos y de Chacón Zúñiga», dijo Doldán en la entrevista.
Según el expediente del caso, los Pérez Hoyos son los sospechosos de haber planeado, pagado y contratado a los autores materiales del asesinato para lo cual habrían ofrecido 1.500 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 310.000) y Chacón Zúñiga está acusada de ser la persona que coordinó el crimen con su pareja Andrés Felipe.
Cuando el fiscal general, Francisco Barboza, estuvo en Asunción, habló con los fiscales paraguayos sobre estos temas y sobre los avances en la investigación del caso Pecci. Había dicho que el caso lo manejan con «mucho sigilo» para asegurar el resultado y para proteger a las personas que colaboran con la investigación.