Muy suelto de cuerpo y con la tranquilidad del amparo de la impunidad, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, asumió en una entrevista radial, que el colapso del Sistema Marangatu se debió a una sobrecarga de funciones, para las cuales no estaba preparado.
“Nosotros decidimos ampliar. Le agregamos más cosas, pero también le agregamos servidores en su momento. Evidentemente teníamos que agregarle más servidores de lo que ya se adquirió”, respondió Orué ante la consulta del periodista.
En un Estado mínimamente serio, en estos momentos Orué ya debía haber puesto a disposición su cargo o el mismo presidente de la República, ya lo hubiera destituido. Pero no pasó nada de eso ni va a pasar, porque esa fue la característica del gobierno de Abdo Benítez. La de ignorar los reclamos ciudadanos y mantener a funcionarios cuestionados, esperando que la sangre llegue al río para actuar o jugando con el olvido de la opinión pública, mediante otro escándalo.
Es indudable que la Subsecretaría de Tributación se ha convertido en la “niña bonita” del Gobierno “de la gente” de Mario Abdo, en afán recaudador, que por otra parte, hay que señalar también que la administración de Orué se envalentona con los “pichirulos”, los más débiles que no tienen padrinos políticos que le brinden protección.
Así la SET actúa directamente sobre los más débiles, a través del apriete, dado que éstos van a terminar pagando, porque no tienen condiciones para entrar en pleitos y porque necesitan seguir emitiendo facturas para sobrevivir. Así es fácil recaudar, es por eso que Orué no es partidario de bajar el Impuesto Selectivo al Consumo, por ejemplo, aplicado al combustible. Dicho tributo lo pagan la gente que trabaja y necesita movilizarse y por lo tanto utiliza su propio medio de movilidad o alguna plataforma de transporte.
Pero la debacle del sistema Maranguatu es poca cosa comparado con lo que denuncia la abogada tributarista Nora Ruotti, y es mucho más preocupante, pues según la profesional “de manera unilateral y contradiciendo al derecho de presunción de inocencia, constitucionalmente consagrado, la SET ha limitado la cantidad de “rectificativas” que puede hacer un contribuyente. “Orué limitó las rectificativas, porque él toma que son un instrumento para pagar menos y evadir, no como un derecho del contribuyente”, sostiene Ruoti.
Así la SET determina de forma absolutamente unilateral, que todos los contribuyentes son bandidos, a quienes no hay que permitirles rectificar. Orué decidió, por resolución, alterar el texto y espíritu de la ley y limitar la cantidad de rectificativas que puede presentar el contribuyente, pervirtiendo así el estado de derecho.
Pero el problema no termina ahí, sino que la actitud prepotente y negligente de Orué ya ocasionó un gran perjuicio al Estado, en varios casos que la SET perdió ante la justicia por la presentación fuera de tiempo. La misma Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todas las actuaciones de la SET y del propio Orué en más de 40 casos, según la profesional tributarista.
El Estado es implacable con el contribuyente aplicando multas cuando hay algún atraso en el pago de tributos, pero cuando el funcionario responsable de una de las instituciones recaudadoras más importante de la República es negligente, no pasa nada. Se debe cuantificar los daños causados al Estado con esta negligencia y él o los responsables tienen que responder administrativa y penalmente por la situación generada.
