Que un alto funcionario del Estado, en un cargo importante como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), admita públicamente que su actuar negligente fue la causante del colapso del sistema informático de reportes y liquidaciones impositivas de millones de contribuyentes en un momento clave como es la liquidación del IRP y otros tributos, hubiera determinado mínimamente que acto seguido pusiera a disposición su renuncia al cargo, o que el propio Presidente de la República lo destituyera por su ineptitud. Pero no, el mimado viceministro de estado de Tributación, Oscar Orué, sigue tan campante después del enorme perjuicio en tiempo, dinero y salud mental que ha causado a contribuyentes, a profesionales contadores, y con todo ello, al Estado que, de su mano y con su absoluta responsabilidad, ha sido llevado a tomar decisiones técnicas ineficaces e inútiles en su afán meramente recaudador, sin medir las consecuencias de sus actos.
Este hecho, suficientemente comprobado por los miles de casos que denunciaron profesionales contables con el colapso del Sistema Marangatú, sumado a la adopción de resoluciones y disposiciones que contradicen y contrarían a derechos garantizados por la Constitución y las leyes, dejan al viceministro Orué en una posición que al menos es negligente y prepotente, y por lo demás lo hacen protagonista de una agresión directa al Estado de Derecho, con complicidad de las autoridades que lo sostienen en el cargo. Para el viceministro, y por derivación para la SET, importa menos la Constitución y las leyes (incluso las tributarias) que el afán recaudador que les lleva a imponer resoluciones que vulneran derechos como los de presunción de inocencia, derecho a no pagar tributos demás, derecho a rectificar y pagar los tributos acordes a la ley, derecho a recibir el retorno de créditos fiscales, entre otros.
A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE PRUEBA
La entrevista que mantuviera con un medio de comunicación en la víspera (Radio ABC Cardinal AM) es paradigmática y pinta de cuerpo entero la absoluta negligencia e ineptitud demostrada en este actuar que llevó al colapso del Sistema Marangatú. Transcribimos las partes relevantes para que el lector juzgue por sí mismo esta displicencia y mal desempeño del viceministro de la SET:
Periodista: Ministro, en otras palabras, el Sistema Marangatú no contemplaba las funciones para la RG 90 ni para las facturas electrónicas, pero ustedes decidieron ampliar, le agregaron más trabajo.
- Orué: Nosotros decidimos ampliar. Le agregamos más cosas, pero también le agregamos servidores en su momento. Evidentemente teníamos que agregarle más servidores de lo que ya se adquirió.
- Periodista: Pero entonces, si el Marangatú no estaba preparado ¿para qué le dieron más trabajo?
- Orué: Lo que pasa es que los técnicos me dijeron que sí iba a aguantar. Y ahí en el momento, cuando se implementó..
- Periodista: Está bien que los técnicos hayan dicho, pero quién da la cara?… con mucho respeto, señor viceministro Orué, ud. es responsable de lo que pasó. Pero es como que Ud. tenía un camión para 10 mil kilos y cargó 18 mil kilos.
- Orué: Pero nadie luego está diciendo otra cosa. Yo asumo la responsabilidad. Y eso estamos trabajando. Justamente por eso creamos la mesa técnica, por eso exoneramos las multas hasta junio, cuando en realidad a partir de enero tenía que estar vigente.
Hasta allí las partes relevantes y pertinentes de la entrevista. Basta y sobra para enmarcar el actuar displicente y negligentes del viceministro de Tributación. Y también, para dejar evidencia de que tal accionar no ha supuesto ninguna reacción de parte de las autoridades ni del Ministerio de Hacienda ni de la propia Presidencia de la República. Cómplices y/o encubridores de esta incompetencia públicamente develada.
Pero las cosas no paran allí. Desde hace tiempo, motivado por el afán mera y exclusivamente recaudador, la SET se ha transformado en una “niña bonita” del Gobierno “de la gente” de Mario Abdo, hasta el punto de permitírsele violar flagrante e impunemente derechos humanos y constitucionales básicos de los ciudadanos y contribuyentes, sin que se les mueva el pelo y a caballo de un impune y extorsivo manejo del sistema tributario. Decretos reglamentarios, resoluciones y disposiciones internas incluso, han sido elaborados y puestos en vigencia con articulados que atentan contra derechos constitucionales esenciales, perforando de esa manera el orden institucional jurídico sin ningún empacho, y con la complicidad del Poder Legislativo que no se ha animado a corregir dichos excesos que hacen prevalecer el Estado Recaudador frente al Estado de Derecho. Todo, de la mano de un gobierno al que importa más recaudar para mantener su clientela o conseguir favoritismos en medio de su cuestionada actuación.
SET Y ORUE, VIOLADORES DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
La experta tributarista Nora Ruotti, de quien no se podría decir que no tiene conocimiento o que pudiera tener una visión parcialista, se ha ocupado de apuntar apenas algunas de estas violaciones impúdicas del derecho de los ciudadanos contribuyentes.
En declaraciones a la prensa, específicamente a Radio Monumental, la experta enumeró algunas de esas violaciones.
Para Ruotti, el problema con el Sistema Marangatú devela en forma más evidente esa situación. «El problema es mucho más grave que el sistema Marangatú», expresó. Uno de esos problemas es que, de manera unilateral y contradiciendo al derecho de presunción de inocencia, constitucionalmente consegarado, la SET ha limitado la cantidad de “rectificativas” que puede hacer un contribuyente. «Orué limitó las rectificativas, porque él toma que son un instrumento para pagar menos y evadir, no como un derecho del contribuyente», dijo.
De esa manera, explicó Ruotti, Orué se irguió – y de paso a la SET y al gobierno- por encima de la Constitución Nacional. «Al estar un sistema informatizado, tengo problemas de que no funciona, de que no levanta las facturas que yo tengo y no me restan, problemas de que no me permite rectificativas porque tengo que contratar a un auditor para que me haga y me diga qué voy a rectificar, cuando es mi derecho», cuestionó Ruotti.
«Al ser todo informatizado, se produce una falta de derechos de los contribuyentes por una acción prepotente, de un funcionario público que dice ‘el sistema anda’ aunque se le desmuestra que no anda. ‘Yo creo todos los contribuyentes son bandidos y no te voy a permitir rectificar lo que está en la ley, yo la interpreto de otra manera. La nota de crédito no más'», criticó la experta tributarista.
“La ley te permite la rectificativa”, si es que declaraste un impuesto pagado de más, expresó Ruotti. Desde hace tres años, sin embargo, Orué decidió, por resolución, alterar el texto y espíritu de la ley y “limitar la cantidad de rectificativas” que puede presentar el contribuyente. Si esto no es prostituir el estado de derecho…
Por otro lado, el viceministro de la SET también limitó en una de sus resoluciones la presentación de “notas de créditos” que puede presentar el contribuyente cuando ante un gasto, por cualquier motivo, que se redujo (por algún descuento o alguna devolución del bien adquirido).
ORUE TIENE UN ACTUAR NEGLIGENTE Y PREPOTENTE
“Hay una actuación no solo prepotente sino también negligente”, dijo Ruotti, para agregar que Orué causó un gran perjuicio al estado en un caso que fue llevado a la justicia.
“La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todas las actuaciones de la SET, del propio Orué, en el caso de las denuncias por facturas falsas presentadas por una cantidad de contribuyentes. Y declaró la nulidad por la presentación fuera de tiempo de parte de la SET”, remarcó también Ruotti para señalar que esa acción negligente le causó un perjuicio al Estado.
“Todos debemos pagar nuestros impuestos. Pero pagar lo que corresponde y justamente también tenemos que exigir que se respeten nuestros derechos como contribuyentes”, remarcó Ruotti en la entrevista radial.
