El Paraguay afronta en estos momentos una delicada situación en cuanto al funcionamiento de las instituciones y la expansión de la violencia, que pone en riesgo el funcionamiento del Estado de Derecho.
De forma preocupante la ciudadanía observa impotente que el sicariato ha recrudecido en el país y que ha encontrado su campo fértil en la zona del Amambay donde los asesinos a sueldos actúan a sus anchas, con la evidente protección de los organismos de seguridad, léase la Policía.
Nuestra página realizó un resumen de casos en los últimos tiempos y encontró que en menos de dos años se registraron 17 casos de ataques de sicarios en Pedro Juan Caballero, con un saldo de 23 muertos. Entre las víctimas se encuentran dos periodistas, el intendente de Pedro Juan Caballero, la hija del gobernador, un policía y un pastor evangélico.
El somero resumen pone en evidencia que la seguridad en aquella región del país está severamente dañada y el Amambay se ha convertido en una tierra de nadie. En realidad, se convirtió en el territorio de criminales, traficantes y delincuentes de toda laya.
No se explica que ante la reiteración de hechos violentos, los organismos de seguridad, como el Ministerio del Interior y la misma Jefatura de la Policía no hayan tomado medidas para devolver la tranquilidad y la seguridad a los pobladores del Amambay. Lo más preocupante es que esta violencia se está expandiendo hacia otros puntos del país, llegando inclusive a la capital, donde solamente hace una semana se produjo un ataque de sicarios en el estacionamiento de un concurrido supermercado.
Tanta impunidad y facilidad de escape que tienen los criminales no puede explicarse sino con la complicidad de los policías, quienes evidentemente están al servicio de los criminales. En nuestros editoriales anteriores ya habíamos mencionado los casos constatados de efectivos policiales que estaban al servicio de narcotraficantes conocidos.
Se sabe cómo operan los policías en las zonas fronterizas. La cuestión es porqué los superiores y los principales responsables de la seguridad pública no toman medidas drásticas ante el auge de la violencia.
Son los jefes los directamente responsables por la inoperancia y corrupción que embarran a sus subalternos. Los pobladores del Amambay y los paraguayos en general no merecen vivir en la desesperación de que en cualquier momento puedan ser alcanzados por una balacera entre criminales, como se ha visto sucede en otros países donde el crimen y la violencia se adueñaron de poblaciones enteras.
