A raíz de denuncias de comerciantes, el jefe de Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, Oscar Villamayor, y el oficial, Rodolfo Martínez, del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, fueron imputados por la Fiscalía por supuesto pedido de coima. Alcides Ayala, estibador, también fue imputado por cómplice en el esquema.
Los mencionados fueron detenidos este jueves a raíz de las denuncias de dueños de mercaderías que trabajan en los mercados. Según la Fiscalía, la coima era solicitada a cambio de que los informes sobre productos de contrabando no lleguen hasta el Ministerio Público.
Un procedimiento fue realizado por los fiscales, Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La investigación apunta a que en el caso puede haber una asociación ilícita para delinquir, entre funcionarios de la Aduana, la Policía, entre otros.
En principio, la intervención se inició con denuncias de comerciantes del Mercado de la ciudad de San Lorenzo. Luego, se informó que esas denuncias solamente estaban confirmando lo que ya se sabía en voz baja dentro de la Aduana.
“Supuestamente la coima solicitaban a personas de los mercados a cambio de que no se hagan intervenciones o allanamientos y las sumas solicitadas eran de G. 250.000 semanales. También tenemos sospechas de que se hizo la entrega de G. 20 millones“, afirmó el fiscal, Rodrigo Estigarribia.
“Iban a locales comerciales y solicitaban dinero para no hacer los allanamientos. Invitamos a todos los ciudadanos que son objeto de extorsiones que hagan la denuncia en el Ministerio Público“, señaló el fiscal Estigarribia. Agregó que la Fiscalía fue juntando indicios y uniendo cabos desde noviembre del año pasado.
En redes sociales
El abogado, Adolfo Ferreiro, vía Twitter dijo sobre la intervención del Ministerio Público: «¡Comedia! La claque mafiosa que controla la @aduanapy y sus cómplices militares, policías, fiscales y funcionarios son una organización criminal que cobra tributos por más de la mitad de lo que consumimos, guaú «de contrabando». Sobornan a todo el mundo y así actúan impunemente».
