El mundo observa con preocupación, con expectativas y un atisbo de esperanza el proceso electoral en Venezuela. La nación caribeña ha sido testigo de innumerables arbitrariedades bajo el régimen de Nicolás Maduro y se encuentra en estos momentos en un punto de inflexión. A pesar de los intentos del dictador venezolano por torcer la voluntad popular, aún persiste una pequeña esperanza de que el país pueda reencaminarse hacia la democracia.
El acuerdo alcanzado en Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana en octubre del año pasado parecía un destello de esperanza. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Desde entonces, las promesas de un proceso electoral equitativo se han visto socavadas por un sinfín de manipulaciones y arbitrariedades. El régimen de Maduro ha demostrado una vez más su capacidad para excluir a candidatos opositores viables, preparando el escenario para asegurarse una victoria ilegítima, tal como ocurrió en las elecciones de 2018.
La comunidad internacional, especialmente los países democráticos, tiene una responsabilidad ineludible. Es el momento en que estos gobiernos no solo deben expresar su preocupación, sino que también actúen con firmeza para exigir transparencia en las elecciones y el respeto a los resultados de las urnas. El mundo ha sido testigo de la mayor crisis migratoria registrada en Venezuela y las precariedades a la que fue sometida una nación rica en recursos y en calidad de su gente. Con estos antecedentes es lamentable la actitud de complicidad demostrada hasta ahora por países como Colombia y Brasil.
El apoyo internacional es vital en este contexto. Estados Unidos y otros países que abogan por la democracia deben intensificar sus sanciones y presionar al régimen de Maduro para que cumpla con los compromisos asumidos.
En Paraguay, al igual que en otros países que han recibido a miles de venezolanos, existe una comprensión profunda de la crisis que atraviesa Venezuela. La migración masiva de venezolanos es un testimonio de la gravedad de la situación. Aproximadamente 8,9 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2014, buscando refugio y mejores condiciones de vida en otras naciones.
Las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio representan una oportunidad histórica para Venezuela. La comunidad internacional debe estar vigilante y exigir que se respete la voluntad popular. Los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ya han emitido una declaración conjunta pidiendo el cese de la represión y la liberación de los presos políticos en Venezuela. Esta muestra de solidaridad debe ser acompañada por acciones concretas para asegurar que el proceso electoral sea transparente y justo.
La soberanía reside en la ciudadanía, y la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada sin intimidación ni obstáculos. La esperanza de un futuro mejor para Venezuela depende de la capacidad de su pueblo para expresarse libremente en las urnas y de la comunidad internacional para garantizar que ese derecho sea protegido.
