Alguna razón habrá para que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) solicite al gobierno paraguayo mayor espacio para estar presente en nuestro país. De las reuniones protocolares generalmente no surgen nada importante. Sin embargo, el sólo hecho de esa solicitud genera expectativa no esperada.
La representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, se reunió con el canciller paraguayo, Julio César Arriola al respecto. En la gráfica se observa al canciller y a su lado a la representante de las NN.UU. Fue en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio informó que ambos se reunieron «con el objetivo de abordar las prioridades y la hoja de ruta de la asistencia técnica del organismo a nuestro país».
Luego informó que «en la ocasión, conversaron sobre la visión de la UNODC para la región de América Latina, los programas de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, en curso, y el interés de elevar la presencia de la UNODC en nuestro país».
La conclusión fue que Paraguay abrirá sus puertas para que dicha oficina tenga mayor presencia.
En ese sentido, el canciller Arriola, enfatizó que «la cooperación de la UNODC es de suma importancia y resaltó que el gobierno otorga prioridad a los temas en materia de lucha contra los problemas derivados de la delincuencia organizada, el tráfico de drogas ilícitas y las armas, la corrupción, y otros desafíos, mediante el compromiso y el trabajo de las instituciones nacionales».
Se interesó en conocer las instituciones
La visita de la señora Welsch incluye una intensa agenda con los titulares del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Nacional Antidrogas, Secretaría Nacional Anticorrupción, Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Instituto Forestal Nacional, Ministerio Público y Contraloría General de la República, con quienes se discutirán las necesidades y prioridades institucionales.
