El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la mañana de hoy la Ley 7.300 que dispone la modificación del Artículo 173 del Código Penal, y eleva las penas contra las criptominerías ilegales y la incautación de los bienes utilizados en el hecho punible.
Estas modificaciones, exponen a las personas que sustraigan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para establecimientos de criptomineras no autorizados por la ANDE, a hasta 10 años de cárcel más una multa complementaria.
La ley entrará en vigor luego de los 5 días de haberse publicado, según lo establece «Artículo 204 – de la aprobación y de la promulgación de los proyectos».
En ese mismo orden, la ANDE pedirá a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que la administración provisional de los bienes incautados y los recursos obtenidos por su venta anticipada también pasarán al patrimonio de la entidad eléctrica.
Paula Carro, vocera de Gobierno, brindó algunos detalles de las medidas que buscan frenar la ilegalidad de las cualquier industria que se quiera instalar en el país sin cumplir con las normas vigentes. El espíritu de la ley no busca criminalizar a la producción de criptomonedas como tal, sino a aquellas que operan fuera del marco legal.
78 intervenciones y solo dos condenados
Félix Sosa, titular de la ANDE, recordó que se han llevado a cabo 78 intervenciones contra establecimientos ilegales, en forma conjunta con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los procedimientos permitieron la incautación de más de 10.000 procesadores de datos y 52 transformadores de distribución, entre los principales bienes.
Hasta el momento solo dos personas fueron condenadas y 11 se encuentran imputadas. “A pesar de esta fuerte campaña, lastimosamente ninguna persona responsable de esta actividad ilícita hoy en día está en la cárcel”, destacó el titular de Ande.
Sosa también manifestó que el crecimiento exponencial de este tipo de establecimientos desde el año 2020, por lo que en el 2022 se aprobó una tarifa técnica para la producción de monedas virtuales. La ANDE actualizó esta tarifa para los criptomineros y a pesar de este aumento existen varias solicitudes de firmas de criptominería interesadas en instalarse en el país por 400 MW de potencia en total.
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