La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo a pagar al ex fiscal, Alejandro Nissen, 308.269,12 dólares americanos. Nissen fue destituido en el 2004 cuando investigaba vehículos sin documentaciones que poseían altas autoridades del país.
Nissen había sido removido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces, promovió acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y la demanda fue rechazada. Luego recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hoy notificó al Estado paraguayo su fallo a favor de Nissen.
La Corte IDH responsabilizó al Estado paraguayo por la violación varios derechos del ex agente fiscal, entre ellos la garantía de contar con un tribunal imparcial, derecho a la protección judicial, de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y a estabilidad laboral.
La Corte IDH concluyó que esta sentencia es una forma de reparación de los daños y perjuicios causados a Nissen y ordenó al Estado a publicar la sentencia en su contra. Tiene 6 meses para el efecto y el cumplimiento de esta sanción, como las otras, será controlado.
Los montos a pagar
Según el fallo, Paraguay debe pagar a Nissen en un año USD 30.000 como indemnización. También debe pagar USD 243.000 por daño material, USD 15.000 por daño inmaterial, USD 15.000 por costos y gastos. Además, debe reintegrar unos USD 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas.
El propio presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, leyó el fallo en la mañana de este martes 31 de enero, lo que fue divulgado en la página oficial de este tribunal que es un órgano de la Organización de Estados Americanos. La Corte notificó el fallo al Estado paraguayo por medios electrónicos.
Época de González Macchi
Nissen se desempeñaba como fiscal del fuero penal cuando Luis González Macchi era presidente de la República. En el 2022, su caso comenzó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Al año siguiente esta institución le destituyó. Es aquí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos vio que Nissen no encontró garantías de un tribunal independiente e imparcial, así como no se respetó su derecho a la defensa, el principio de congruencia y el plazo razonable.
La absurda excusa
Uno de los motivos de la destitución de Nissen fue que brindó información a la prensa sobre los casos que investigaba. Lo que en verdad sucedió fue que Nissen, cuando era fiscal, imputó en el 2002 al entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, por poseer un vehículo BMW robado en São Paulo, Brasil, que ingresó de contrabando a Paraguay.
Y también sucedió que Nissen también imputó en el 2004, Luis Caballero Krauer, entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por tener un automóvil sin documento. Y para rematar, ese mismo año hizo lo mismo contra el fallecido senador, Óscar González Daher, por un hecho similar. En consecuencia, ese mismo día fue destituido.
Hasta ahora, el Estado paraguayo ganó solamente en un caso en la Corte IDH, es el caso Arróm, Martí y Colmán.
Caso Canese, un caso emblemático
Uno de los casos emblemáticos en el cual perdió el Estado paraguayo es el de Ricardo Canese, víctima de un proceso que se prolongó por más de diez años: fue condenado por el delito de difamación. Durante dicho proceso penal, el señor Canese fue impedido para salir de Paraguay casi de manera permanente.
Canese denunció públicamente las presuntas vinculaciones del en ese entonces candidato a la Presidencia de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, con el ex dictador Alfredo Stroessner, en hechos de corrupción vinculados a la represa hidroeléctrica Itaipú. Cabe señalar que las declaraciones ante la prensa fueron realizadas en el contexto de la contienda electoral para la Presidencia de Paraguay.
La Corte IDH había condenado al Estado paraguayo por haber violado el derecho a la libertad de pensamiento y expresión del señor Canese, su derecho de circulación, a las garantías judiciales y el principio de retroactividad de la ley. El Tribunal destacó la importancia de la libertad de expresión para la democracia y para asegurar mecanismos de control por parte de la ciudadanía.
También la Corte IDH recalcó que, particularmente en contextos de elecciones, debe protegerse y garantizarse este derecho en el debate político: “Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí”, dice la sentencia.
