Luego de la sanción económica al ex presidente Horacio Cartes y su grupo empresarial, así como al actual vicepresidente Hugo Velázquez de parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), las repercusiones no tardaron en hacerse sentir. Un socio estratégico con capital chileno, inició los trámites de retiró en la misma tarde que se dio el anuncio de la Embajada de Estados Unidos.
El Grupo Cartes perdió un socio importante con el cual venían desarrollando prósperos negocios como la empresa CCU con quienes manejaban el 50% de la embotelladora de Bebidas del Paraguay con quienes se dedicaban al rubro de agua embotellada, jugos procesados y gaseosas.
Otra empresa de CCU es la que maneja el emblema de estaciones de servicio Enex, en parte del grupo Cartes y que recién hace pocos años comenzaba a tener expansión en la capital e interior del país con estaciones de servicio diferenciadas y tiendas de conveniencias.
Inicio de apertura de socios comerciales
Tras la primera designación de Horacio Cartes, como significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos en julio del 2022, las empresas CCU y Enex, comenzaron a analizar la posibilidad de dejar la alianza con el grupo de empresas en Paraguay.
Dados los hechos ocurridos al mediodía del miércoles en la Embajada de los Estados Unidos en Asunción y ante la amenaza de expansión de la sanción a las empresas o colaboradores de Horacio Cartes y/o su grupo de empresas sancionadas. Las Empresas CCU y Enex lanzaron un comunicado en esa misma tarde.
Dada la gravedad de los hechos descritos y la severa sanción impuesta por la OFAC, CCU (y Enex) informa que la decisión adoptada y comunicada en este acto es independiente de las que ya estaban en curso y habían sido resueltas por la compañía, luego de la designación de Horacio Cartes como inelegible para entrar a Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, en julio pasado”, sostuvieron las empresas en un comunicado.
Una posible apertura, obligada por el Gobierno de Estados Unidos, haría perder inversiones evaluadas en aproximadamente 40 millones de dólares sólo en Paraguay y pone en duda la continuación en sus puestos laborales a muchas personas.
