El embajador de Argentina en Asunción, Oscar Domingo Peppo, informó que el cobro de peaje sobre el río Paraná, cerca de Santa Fe, es para el mantenimiento de la hidrovía.
El diplomático señaló que el gobierno argentino siempre realiza inversiones en la hidrovía con recursos propios y que ahora por la crisis económica que hay necesita tener fondos para seguir realizando tales inversiones.
Oscar Domingo Peppo habló al respecto con Radio Cáritas. Aquí manifestó que los recursos que necesitan no son solamente para hacer dragado sino también la seguridad en general, el manejo ambiental, balizamiento y para todo tipo de mejoras que garanticen la navegabilidad por el río, en todos sus trámos, de día y de noche.
Dijo que Argentina demostrará la contraprestación que realiza al cobrar el peaje, con lo cual defenderá su postura de que no está violando ningún acuerdo sobre la hidrovía.
El diario El País de Uruguay publicó la opinión del experto uruguayo en derecho internacional, Edison González Papeyre quien tildó de ilegítimo el peaje fluvial creado por Argentina sobre la hidrovía ya que según el experto es un impuesto que va en contra de acuerdos internacionales y del propio Mercosur.
A su modo de ver, la aplicación de una tasa de 1,47 dólares por tonelada transportada por el corredor argentino desde y hacia nuestro país, es ilegítima y contraria a los principios del Mercosur por tratarse de un impuesto y no como piensan hacer pasar por un peaje.
Si querían hacer pasar por un peaje, mínimamente debió haber sido contemplado otros servicios propios del cobro de peajes como dragado, mantenimiento, auxilio, salvataje y balizamiento, esto no es así entonces se compara a un impuesto arbitrario que está fuera de los principios del tratado de Asunción que de entrada en el artículo 1 ya establece que implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países socios.
Además con el mismo Mercosur se levantan restricciones arancelarias, aduaneras a las mercaderías y equivalentes, según Lapeyre.
El tributo impulsado por Argentina, a la vez perjudica a otros países, no tanto como al Paraguay que prácticamente basa toda su exportación por el canal, sino también a quienes navegan desde Brasil, Bolivia y el propio Uruguay para traer o llevar productos desde los citados.
Paraguay protesta por el cobro de peaje fluvial teniendo en cuenta que eso encarece los productos de importación y exportación. Por lo tanto, Paraguay pidió el levantamiento del cobro de peaje porque, además, viola el Tratado que exige la contraprestación que no existe, según la Cancillería.
