Por: General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno
Itaipú es una fábrica que produce electricidad utilizando las aguas provenientes del río Paraná, demarcación territorial entre Paraguay y Brasil. Según el Tratado de Itaipú de 1973, la electricidad generada en la usina hidroeléctrica pertenece la mitad al Paraguay y la otra mitad al Brasil.
Sin embargo, la realidad nos enseña que el Paraguay aprovecha solo una parte de su mitad, quedando la parte restante al socio condómino que así recolecta más del 90% de la producción de Itaipú.
La cesión de la energía paraguaya no utilizada a la Eletrobras, hoy ENBpar, ha ocasionado al país una pérdida de unos US$ 75.400 millones, cifra en promedio cuantificada por el investigador Miguel Cartes.
Hasta el momento la inconclusa obra hidroeléctrica, carente de esclusa de navegación, ha demandado aproximadamente US$ 80 mil millones a ser cancelados en el año 2023. Además del pago por la construcción de la hidroeléctrica sus ingresos, provenientes de la venta de electricidad deben emplearse en solventar las regalías (utilidades del capital, royaltíes resarcimientos) a los socios condóminos.
Es también obligación de Itaipú que una porción de sus ingresos por la venta de electricidad a las empresas comparadoras, sean destinados a los gastos de explotación de tal manera que la binacional hidroeléctrica tenga las condiciones de costear su funcionamiento. El dinero dedicado a los gastos de explotación y a las regalías satisfarán los compromisos anuales comprometidos en el Tratado de 1973.
Los compromisos de Itaipú por la construcción de la obra, los gastos de funcionamiento, el pago de los intereses del capital, los desembolsos por royalties y resarcimientos por la administración y supervisión de la central hidroeléctrica suman US$ 3.291 millones. Estas erogaciones, desde el 2009, constituyen el Costo del Servicio de Electricidad que deben ser obtenidos comercializando 145,6 millones de kW a una tarifa de US$ 22,60 la unidad.
El Tratado de Itaipú, exige que los ingresos por la venta de electricidad deben ser igual a los egresos comprometidos, exonerando a la entidad de cualquier tipo de utilidad o lucro. Esta exigencia, que cumple con los requisitos del acuerdo, es a los efectos de producir la electricidad a precio de costo en beneficio de sus usuarios.
Cuando el egreso supera al Costo del Servicio de Electricidad, el saldo negativo de la cuenta de explotación debe incluirse en el siguiente ejercicio. Como puede notarse, los compromisos de Itaipú no contemplan los fondos sociales.
Buscando el lucro, en la nota reversal Nº 228 del 31 de marzo de 2005, el embajador del Brasil Valter Pecly Moreira alegaba que su gobierno consideraba que los conceptos de responsabilidad social y ambiental integrantes del conjunto de valores inherentes y racionalmente necesarios al proceder contemporáneo de las empresas. Por esta razón “son aplicables a la Entidad Binacional Itaipú, que ya viene desarrollando iniciativas de responsabilidad social y ambiental, incluidas en la misión definida en el Plan Estratégico aprobado por su Consejo de Administración”.
Sin embargo, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no remitió esta nota reversal para su aprobación por el Senado. Por todo ello, la Nota Reversal Nº 228/2005, no está validada por el Congreso Nacional.
Para hacerse de fondos sociales, el Consejo de Administración de Itaipú aumentaba la tarifa de US$ 22,60 el kW mes a más de US$ 23 el kW mes, hecho que originaba una utilidad que promediaba US$ 100 millones, no controlado por a los órganos del Estado. Transparentada la cuestión, los administradores de Itaipú inflaron los rubros de gastos de explotación que de menos de US$ 300 millones elevaron a más de US$ 800 millones.
Los fondos sociales -pagado por los consumidores- añadidos ilegalmente al Costo del Servicio de Electricidad, son embolsillados por los gobierno de turno debido a una perversa política del manejo del poder.
