La Cámara de Senadores presentó formalmente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (foto) el pedido de enjuiciamiento y suspensión de 4 fiscales por deficiente investigación en el caso del asesinato en Colombia del fiscal Marcelo Pecci. La presentación tiene el patrocinio del abogado, Miguel Angel Brítez.
El Senado acusa a los fiscales Manuel Doldán, Alicia Sapriza, Lorenzo Lezcano y Federico Delfino por supuesto mal desempeño en sus funciones en el mencionado caso.
Concretamente, el Senado acusa a los mencionados fiscales de omitir la extracción de datos y el peritaje de teléfonos celulares incautados para saber si hay indicios de autores intelectuales del citado crimen. Según la acusación, los teléfonos ya fueron incautados hace 7 meses.
También el Senado acusa que los citados fiscales ni siquiera hicieron la desgrabación de los diálogos que existen en los celulares para que los juzgados puedan llegar a la verdad real del caso.
Según el Senado, los fiscales mencionados tienen diferentes versiones sobre los celulares incautados y se contradicen.
El Senado dice que el asesinato de Pecci se produjo el 10 de mayo. Luego, hubo requisa en la Agrupación Especializada y la Policía se incautó los celulares. Aquí pudo haber existido alguna información clave, pero no se tiene, dice el escrito.
Los aparatos celulares eran de los internos, Marcelo Raymond Díaz Vélez, Kassen Mohamad Hijazi y Waldemar Pereira Rivas. La asistente fiscal, Juana Jara Ochipinti, fue la que retiró los móviles.
También hubo requisa en la Penitenciaría de Tacumbu y en otra cárcel del interior donde también la Policía se incautó de celulares y tablets. El Senado cita como fuente al subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Jorge.
Además, el escrito señala que Amilcar Fretes firmó un contrato con Hijazi para evitar la extradición de este último.
Pasó el tiempo, y los fiscales hablaron de los celulares y cada uno daba un versión diferente, según la acusación. El fiscal Lorenzo Lezcano dijo que dio los celulares al fiscal Marco Alcaraz, por orden de la fiscal general, Sandra Quiñonez, y que cree que la DEA se quedó con los aparatos. El Senado dice que aquí está la evidencia de la mala actuación de la Fiscalía.
Para más datos, señaló que la fiscal Sapriza dijo que los teléfonos están en otro idioma, que ella pidió tiempo para analizar y que no se perdió ningún teléfono.
Señala la acusación que los 4 fiscales estaban para investigar los hechos y ninguno ordenó el peritaje de los celulares o, por lo menos, no se conoce.
